La Audiencia Provincial de Málaga ha ordenado reabrir la investigación por las presuntas falsedades del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella del año 2010 después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la localidad acordara en agosto del año pasado el archivo del caso. En concreto, se investiga la presunta falsedad "por imprudencia grave" del acta del Pleno del Ayuntamiento de Marbella del 29 de julio de 2009, presidido por la alcaldesa, Ángeles Muñoz, en el que se aprobó el documento.

De esta manera, la Sala estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y el grupo municipal socialista como acusación popular y revoca el sobreseimiento provisional de la causa acordado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella "en orden a investigar la posible comisión de un delito de falsedad en documento público por imprudencia grave". Asimismo, entiende "precipitado" el archivo de la querella en cuanto al presunto delito de falsedad en el planeamiento urbanístico "cometida por funcionario público a título de imprudencia grave" y hace constar en su resolución que la redacción y custodia del acta del pleno corresponden al secretario del mismo, y en este caso al vicesecretario, "así como la supervisión y autorización de la misma, y el visto bueno a la alcaldesa, doña María Ángeles Muñoz Oriol". Por lo que ordena practicar las diligencias solicitadas por el Ministerio Fiscal "en orden a perfilar si concurren los elementos del precipitado tipo delictivo".

Estima el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y el grupo socialista

Además, ordena al juez instructor que cite a declarar como testigos a las dos personas que procedieron a la transcripción del vídeo del pleno, así como a dos ex concejales del Ayuntamiento, Diego Eizaguirre (PP) y Susana Radío (PSOE), a petición del Ministerio Público. Tras la práctica de estas diligencias, señala que el juez instructor podrá acordar "con absoluta libertad de criterio la decisión que estime conveniente". Como contrapunto, la Audiencia mantiene el archivo de la querella contra la que fuera concejala de Urbanismo, Alba Echevarría, dado que "en ningún momento ha quedado acreditado que tuviera participación alguna", según consta en el auto, adelantado por La Opinión.

El escrito recoge las conclusiones del magistrado en la que aseguraba que "sí se hizo referencia en el pleno al escrito presentado por registro relativo a la suspensión de licencias y modificaciones de los planos del PGOU realizado por el equipo redactor a instancia de la Junta. Bien es cierto que no se hizo con la amplitud que se hubiere deseado, pero si se menciona y se puso en conocimiento de los concejales, además dichos escritos estaban unidos al expediente, que tendrían que haber revisado todos los señores del pleno". La citada falsedad documental, continúa el texto se cometió al transcribir, según el Ministerio Fiscal, "al transcribir y recoger en el acta de la sesion extraordinaria y urgente sobre la segunda aprobación provisional de la revision del Plan General de Ordenación Urbana, algo que nadie vio, no se informó al pleno y no se sometió a la votación". En concreto, se habrían ocultado al pleno del Ayuntamiento la modificación de 22 de los 71 planos.