El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado la modificación de los estatutos que acordó la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol el 22 de septiembre de 2014, que provocó que los municipios pequeños perdieran peso y representatividad en la institución en beneficio de los más populosos.

Hasta esa fecha, la capacidad de pequeños y grandes era idéntica. Cada uno de los 11 ayuntamientos tenía dos representantes en la Mancomunidad: el alcalde como miembro electo y un vocal elegido por el pleno entre sus concejales. La modificación de los estatutos se introdujo para que el peso de los municipios en la Mancomunidad dependiera de la población, de modo que cada localidad tuviera un vocal por cada 25.000 habitantes, salvo los pueblos que no alcanzaran esta población que dispondrían de dos representantes. La decisión prendió los ánimos de Istán, Manilva, Casares y Ojén que, una vez agotada la vía de la negociación política, quemaron el último cartucho acudiendo a los tribunales. Ahora, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA les da la razón en una sentencia recurrible en casación ante el Tribunal Supremo.

Istán, Ojén, Manilva y Casares recurrieron porque se quedaban sin voz en la entidad

Los cambios se introdujeron aprovechando la obligación que tenía en aquellas fechas la entidad intermunicipal de adaptar sus estatutos a la Ley de Autonomía Local de Andalucía. El TSJA precisa en la sentencia que "al socaire de una modificación" se aprobaron de facto unos nuevos estatutos. También argumenta que "un cambio normativo, cuando afecta a una declaración de voluntad, no puede alterar las condiciones" en que esa declaración de voluntad "fue emitida", en alusión a que fueron los plenos municipales los que aprobaron adherirse a la Mancomunidad.

El fallo judicial surge en un escenario muy diferente al que existía cuando Istán, Ojén, Manilva y Casares interpusieron el recurso contencioso administrativo. Entonces, el Partido Popular gobernaba con holgadas mayorías en los municipios más grandes de la Costa del Sol y el nuevo sistema de representación ponía a su alcance el Gobierno de la Mancomunidad de la Costa del Sol, entidad que entre otras cuestiones se ocupa de la gestión del agua y de los residuos sólidos urbanos de los 11 municipios del litoral oeste de la provincia. Sin embargo, el PP perdió respaldo electoral en las últimas elecciones municipales que dejaron la Mancomunidad de la Costa del Sol a merced del voto disperso y sin mayoría absoluta. En esas circunstancias, populares, socialistas, Ciudadanos e independientes de Manilva y de San Pedro de Alcántara alcanzaron un acuerdo de Gobierno, de modo que solo están en la oposición los dos representantes de IU.

¿Qué impacto político puede tener la sentencia? La cuestión está por ver. El PP gobierna en la actualidad tres municipios (Benahavís, Fuengirola y Estepona) con mayoría absoluta y apoya en Istán al PSOE, que tiene además las alcaldías de Torremolinos, Benalmádena y Marbella, en alianza con otras formaciones, y la de Ojén por mayoría absoluta. Además, Ciudadanos gobierna Mijas, apoyado por los socialistas, IU Casares y una formación independiente en Manilva. Esta dispersión, matizada por la fragilidad de algunos pactos municipales y sumada al macroacuerdo de Gobierno deja muchas opciones abiertas, incluida la del statu quo.

La presidenta de la Mancomunidad de la Costa del Sol, Margarita del Cid (PP), indicó ayer tarde que aunque la sentencia está en manos de la asesoría jurídica para que la analicen los letrados, ya se ha mantenido "un primer contacto" con los demás grupos. Sin entrar en más detalles subrayó su convencimiento de que el "acuerdo y el consenso" que ha existido "durante los últimos años" se mantendrá para buscar una salida a las incógnitas que abre el fallo judicial. "Espero y deseo que grupos políticos y ayuntamientos alcancemos una solución de común acuerdo y se mantenga la buena tónica de los últimos años".

José Antonio Gómez (PSOE) es vicepresidente tercero de la Mancomunidad pero también alcalde de Ojén, uno de los cuatro municipios que recurrieron en 2014 la modificación de los estatutos. Afirma que suprimir la fórmula de dos representantes únicos por municipio "nos dejó a los más pequeños sin ningún tipo de voz" en una corporación que pasó de tener 22 miembros a 39. Argumenta que la Mancomunidad no debe ser un "órgano político, sino de gestión de servicios" y, desde ese punto de vista, defiende que debe desvincularse del número de habitantes. Alude, por ejemplo, la presa de La Concepción recibe el aporte de un nacimiento de Istán que recoge todas las aguas entre Casares y Ojén, o que Casares alberga el complejo medio ambiental que trata los residuos de la Costa del Sol.

Sin embargo, ahora, en su calidad de socio de un Gobierno multicolor apuesta por buscar la manera de aplicar la sentencia sin dañar el pacto aunque cree que es posible que se tengan que hacer algunos cambios de personas "en la presidencia o en delegaciones".