La ex alcaldesa de Marbella y senadora del PP Ángeles Muñoz afronta la nueva etapa política que se abre ante sus pies con un problema resuelto: el titular del Juzgado de Instrucción número 3 ha archivado la querella que interpuso la Fiscalía, y a la que se sumó el PSOE, por falsedad documental en el Pleno celebrado el 29 de julio de 2009 para aprobar el PGOU del municipio, finalmente anulado por el Tribunal Supremo en 2015.

Aquel Pleno se celebró con carácter urgente por decisión unánime la Corporación. Apremiaba disponer de un documento que inyectara normalidad a un municipio que trataba de levantar cabeza tras los pavorosos episodios de corrupción político urbanística del gilismo. El equipo redactor introdujo cambios de última hora promovidos por un dictamen del Consejo Consultivo para que se respetaran los límites municipales fijados en el PGOU de 1986. El bajo fondo del asunto era la disputa territorial con Benahavís, salpimentada por los intereses particulares de Ángeles Muñoz en esa localidad.

Subraya que los concejales no revisaron el expediente que se sometió al Pleno

En cualquier caso, el Pleno dio luz verde al PGOU sin entrar en ninguna controversia y con solo dos votos en contra: los de Juan Luis Mena (PSOE) y Enrique Monterroso (IU).

Años después surgieron las dudas. Una plataforma ciudadana llevó el asunto a la Fiscalía porque entendía que el acta de aquel Pleno no se correspondía con la información que se proporcionó a los concejales, distorsión que parecía favorecer los intereses particulares de la alcaldesa de Marbella en Benahavís. En septiembre del año pasado el Ministerio Público interpuso una denuncia porque apreciaba indicios delictivos en Ángeles Muñoz y el vicesecretario municipal. Seguidamente el PSOE se sumó a la causa.

Sin embargo, el magistrado Gonzalo Dívar firmó el viernes pasado un auto, notificado ayer a las partes, en el que archivó la querella. No solo no aprecia indicios de delito, sino que tira de las orejas a los concejales de la Corporación por no estar debidamente atentos a lo que se aprobó en el Pleno. El auto hace alusión a la declaración de los testigos (la documentación de última hora la incorporaron al expediente los arquitectos del PGOU y no el equipo de Ángeles Muñoz) para afirmar que "se pone de manifiesto de manera clara y rotunda que no hubo ninguna intención, ni mala ni buena, por el equipo de Gobierno" de introducir modificaciones en el documento. Agrega que las grabaciones de la sesión plenaria dejan constancia de que se informó "aunque sin la amplitud que se hubiera deseado" de la documentación introducida en el último momento relativa a los límites territoriales del municipio, cuestión que previamente también se había tratado en la comisión informativa. El magistrado precisa que los concejales "deberían haber revisado" el expediente "para informarse de dichos cambios" o, al menos, "haber solicitado la suspensión del Pleno" para estudiarla con detenimiento, pero nadie requirió ese aplazamiento. "Incluso se podría haber ido más allá", afirma el juez, y no haber aprobado el acta de ese Pleno, que fue ratificada en septiembre de 2009.

La senadora y ex alcaldesa, Ángeles Muñoz, queda también fuera de la causa a pesar de que dada su condición de aforada no ha sido expresamente investigada en la causa, aunque sí ha estado personada en el procedimiento. Al entender el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella que no existe delito tampoco es preciso que remita la causa al Tribunal Supremo para que determine su responsabilidad en los hechos.

El auto de sobreseimiento, no obstante, no es firme. Las partes tienen la posibilidad de interponer un recurso de reforma en el plazo de tres días o de apelación, ante la Audiencia de Málaga, en cinco días.