La Fiscalía Provincial de Málaga ha interpuesto una denuncia ante el Juzgado Decano de Torremolinos contra el alcalde, José Ortiz, la concejala de Personal, Carmen García, y el entonces secretario provisional por presuntas irregularidades en materia de personal en el Ayuntamiento a raíz de la reducción de la jornada laboral de los funcionarios municipales.

El equipo de gobierno dice que se actuó según la legislación laboral y el apoyo de los sindicatos

El fiscal considera que los hechos de los que se les acusan podrían ser constitutivos de delitos contra la administración pública, en concreto de los delitos de prevaricación y fraude, y/o malversación de caudales públicos, según el escrito del ministerio fiscal, al que ha tenido acceso este periódico.

La Fiscalía ha solicitado que se abran diligencias previas tras analizar la denuncia presentada por un abogado, que al parecer tenía relación laboral con el Ayuntamiento, contra el perjuicio causado por la supuesta reducción de las jornadas laborales de ciertos funcionarios que disfrutaban de media hora laboral diaria menos (entrando 15 minutos después y saliendo 15 minutos antes de lo estipulado en la jornada laboral), y que habrían disfrutado de hasta 14 días más al año de días de permiso y vacaciones.

Según el denunciante, estas medidas, que afectarían a los agentes de la Policía Local, se recogen en un acuerdo municipal sobre vacaciones, permisos y otras condiciones laborales vigente desde abril de 2016 hasta junio de 2018 que tacha de “clandestino” y “fraudulento”. Asimismo, apunta que pese a que se emitieron informes al respecto “no tenían cobertura legal alguna ni el día por puente ni los ocho días por trabajar en turno de Semana Santa ni los dos días de compensación correspondientes a las reducciones horarias”.

El acuerdo se aplicó durante dos años hasta que en junio de 2018 fue anulado por la concejala responsable del área de Personal mediante circular y aucsa al entonces secretario provisional y luego jefe de Personal de “enmendar y camuflar las múltiples horas indebidamente disfrutadas” a través de un nuevo acuerdo “incorporando media hora de aseo y cambio de ropa y dándoel eficacia retroactiva al 1 de enero de 2018”.

Por último, el denunciante asegura que esta misma situación sigue ocurriendo con los empleados de las empresas municipales Litosa, Samset, Aselimsa y Torremolinos TV, “sin que ninguno de estos trabajadores cumpla la jornada laboral de 37,5 horas semanales, conforme a la legislación estatal”.En este sentido, pide que se cuantifique los días y horas pagadas y no trabajadas para determinar el perjuicio económico causado a las arcas municipales, citando que la Policía Local solo en concepto de productividad habría recibido más de tres millones de euros entre 2016 y 2018; y en concepto de horas extraordinarias 160.512 euros en 2016, 265.209 euros en 2017 y una previsión de 247.347 para 2018.

Ante estos hechos denunciados, el fiscal considera que “procede recibir declaración en calidad de investigados, en su caso, a los denunciantes”, e insta al Juzgado que le corresponda a que abra diligencias previas para su investigación y pida al Ayuntamiento diversa documentación, como los acuerdos municipales y las circulares.

Ante esta noticia, desde el equipo de gobierno han asegurado que estos acuerdos en materia de personal que han sido denunciados por la Fiscalía se hicieron “según la legislación laboral” y “contaban con el apoyo unánime de todos los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Torremolinos”. A este respecto, han insistido en que “no hubo en ningún momento” intención de vulnerar legislación alguna y “en cuanto el interventor puso un reparo las medidas se paralizaron”. De hecho, agregan, “hay varios ayuntamientos de la provincia de Málaga que tienen vigentes estas msimas medidas”.