Tras 31 nóminas sin cobrar e independientemente de los procesos individuales abiertos por cada uno de los empleados, los trabajadores del CIO Mijas han decidido acudir a la vía penal para exigir el abono de los salarios adeudados, por lo que en las próximas semanas interpondrán una querella criminal contra diversos cargos de la Junta de Andalucía para dar solución al problema del impago de las nóminas que vienen sufriendo desde noviembre del año 2014. "La Junta no paga porque no puede, sino porque no quiere", manifestó el abogado que los representa, Jordi Ventura, quien recordó que en cumplimiento de su obligación el Ayuntamiento de Mijas ya abonó el 20% que le correspondía de la liquidación del Consorcio, alrededor de 112.000 euros, e incluso le ofreció a la Junta adelantar el 80% restante para el abono de las nóminas con el compromiso de que firmara un reconocimiento de deuda y devolviera el dinero tras la liquidación, extremo que fue rechazado por el ente regional. Además, agrega, "en los presupuestos de la Junta de 2015 se contemplaban partidas presupuestarias para liquidar los distintos consorcios, y había una cantidad específica para el Cio Mijas de la que no se ha transferido ni un euro", asegura.

Ante esta situación, Ventura acusó a la Administración regional de "mala fe" así como de ser "responsable de esta situación". "Consiente que estas familias estén en una situación extrema y desesperada de impagos ante los bancos, facturas de móvil, situación de estrés, ansiedad y depresión", sentenció. "Los trabajadores están sometidos a una situación de abuso por parte de la Junta, que se sienten en la obligación de acudir a su puesto de trabajo aunque sea para estar cruzados de brazos y aquello sea un edificio fantasma, pero tampoco pueden dejar de ir porque entonces la Junta podría tomar medidas contra ellos y despedirlos", aseguró el abogado, por lo que en la querella solicitarán igualmente que se les exima de acudir a su puesto de trabajo. "No solo porque no hay nada que hacer, sino también por razones de salud y seguridad", agregó. Y es que el edificio, que no cuenta con calefacción ni aire acondicionado, lo que hace que la temperatura en invierno y verano sea insoportable, tampoco cuenta con las medidas de seguridad necesarias, ya que los extintores caducaron hace año y medio aproximadamente, además carecen de vigilancia, por lo que incluso hace unos meses llegó a haber un okupa en una de las habitaciones del hotel.

Entre los presuntos responsables a los que señala la querella, el abogado apunta al delegado territorial de Empleo en málaga, no solo al actual sino los tres que han ocupado este cargo desde noviembre de 2014.