El Juzgado de Instrucción número 2 de Fuengirola ha abierto diligencias previas contra el perito contratado para llevar a cabo la auditoría de la empresa pública de Mijas Comunicación tras la denuncia del alcalde, Juan Carlos Maldonado, el pasado viernes ante la Guardia Civil por presunta estafa. Así lo ha confirmado el propio alcalde este miércoles en una rueda de prensa para informar que ha solicitado que tanto el informe del auditor como las audioactas del consejo de administración formen parte de esa investigación. Asimismo, también mostró documentación en la que prueba que el perito habría sido detenido al menos en dos ocasiones por delitos relacionados con este tipo de actuaciones. La última tuvo lugar el pasado mes de noviembre por presuntos delitos contra el patrimonio así como de fabricación de o facilitación de programas de ordenador destinados a cometer estafas informáticas.

“Lo más grave es que le pidió al consejo 6.000 euros para seguir investigando”

A este respecto, Maldonado explicó que el pasado viernes puso una denuncia ante la Guardia Civil por sus “fundadas sospechas” de que este supuesto caso de espionaje era “un fraude”. “Los hechos son muy graves, pero lo peor es que este señor ha tenido acceso a los equipos informáticos y a la información de nuestra empresa municipal que gestiona un presupuesto de 2,5 millones”, señaló.

A todo ello le suma la “puesta en escena” del auditor “autodenominado perito judicial”. “Se presentó con un chaleco que ponía perito judicial, una placa, un trolley y precintando mobiliario al más puro estilo de una investigación, parecía la Udyco”, expresó el alcalde, que explicó que un perito judicial “es aquel que es nombrado por un juzgado y actúa bajo mandato judicial”. “Evidentemente ante estas sospechas fundadas propuse al consejo de administración suspender temporalmente la investigación”, continuó, una propuesta que fue rechazada con los votos en contra de la oposición (PP, PSOE y CSSP) y el único voto a favor de Ciudadanos.

“Lo más grave de todo es que le pidió al consejo de administración 6.000 euros para seguir investigando porque decía que había encontrado delitos muy graves, que necesitaba comprar software muy avanzado y por tanto necesitaba dinero para comprar esas licencias, y que esta posible trama se había trasladado a otras áreas sensibles del Ayuntamiento”, sostiene, tras lo que se cuestionó por qué ni el auditor ni la directora “tras tener esas pruebas que decían no lo habían puesto en conocimiento del juzgado”.

“Si se comprobaban mis sospechas estábamos poniendo al lobo al cuidado de las gallinas en Mijas Comunicación porque se estaba vulnerando presuntamente derechos básicos de los trabajadores, información confidencial y datos económicos”, expresó.

Sin embargo, matiza, el auditor en su informe final no habla de las escuchas a miembros del consejo de administración de la empresa municipal, ni de las carpetas en las que se guardarían conversaciones privadas de los concejales (a excepción de una de ellas, según dijo el primer día), ni de que estén afectadas otras áreas sensibles del Ayuntamiento. “El informe entregado por el auditor consta de 147 páginas de las cuales apenas una veintena son de texto que, además va acompañado de fotos. El resto son imágenes, fotocopias y mails”, sostiene, tras lo que agregó que “únicamente en sus conclusiones recomienda ampliar el estudio al Ayuntamiento, lo que implicaría más honorarios”.

El alcalde, que realizó una cronología de las reuniones y las informaciones publicadas esta semana, se mostró preocupado ante la posibilidad de que la citada investigación pudiera tratarse de una estafa e incidió en que“queremos todas las garantías, que lo haga una empresa auditora solvente o el juzgado pero no meter dinero en el bolsillo de este señor que supuestamente está actuando de oficio”.