El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales dependiente de la Junta de Andalucía ha anulado el procedimiento de licitación del servicio de alumbrado público del municipio puesto en marcha el pasado mes de noviembre por el Ayuntamiento de Marbella por un presupuesto inicial de 25 millones de euros. El tribunal estima así parte del recurso planteado por el portavoz del grupo municipal del PSOE, José Bernal, que advirtió de presuntas irregularidades que se cometían en el pliego de cláusulas administrativas y el de prescripciones técnicas de la externalización del servicio, que ya el pasado mes de enero fue suspendido de forma provisional por el mismo tribunal. Ante este fallo ya solo cabe recurso contencioso administrativo ante la Sala del Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y deja en manos del Ayuntamiento de Marbella la posibilidad de convocar una nueva licitación del servicio.

"Desde el inicio fuimos críticos ante un concurso que generaba muchas sospechas. Así, el pliego se presentó en un tiempo récord inmediatamente después de que se produjera la moción de censura en el mes de agosto y adolecía de datos esenciales para optar en igualdad de oportunidades", expresó Bernal, que aseguró ayer que pondrá esta resolución en manos de la Fiscalía que estudia la trama Púnica, al tratarse de un pliego similar a los denunciados e investigados en esta causa en distintos ayuntamientos de Madrid, según el edil.

Desde el inicio fuimos críticos ante un concurso que generaba muchas sospechas"José BernalConcejal PSOE

El fallo del tribunal estima dos alegaciones y parte de otra de las nueve alegaciones presentadas por el concejal socialista. Entre ellas, entiende que es necesaria la cuantificación económica de una de las prestaciones de la licitación, que incluye las obras de mejora de instalaciones, el suministro y renovación de las luminarias y el coste de su financiación, "aún cuando estas no tengan repercusión económica sobre el presupuesto base de licitación. En el supuesto examinado, lo son en primer lugar, para determinar si las obras de mejora y renovación son accesorias o no". Asimismo, añade en el escrito que "es necesaria dicha cuantificación para determinar el régimen jurídico del contrato al tratarse de un contrato mixto".

Por otra parte, el tribunal estima igualmente el alegato relativo a la falta de motivación o justificación técnica o económica de la cesión a la entidad adjudicataria de la titularidad de los contratos de suministro eléctrico "con los riesgos que esto supone al dejar de ser un alumbrado público a cargo de la administración pública, perdiendo así su prerrogativa por la consideración de suministro esencial". Y señala que el Ayuntamiento de Marbella debe "adaptar los pliegos a las consideraciones anteriores, dado que la cláusula objeto de controversia no se adecua a las mismas". "Con independencia de lo anterior, la posible titularidad del contrato de compra de energía eléctrica es independiente de la calificación de bien demanial del alumbrado público", añade.

"Estamos contentos, hemos conseguido que no se hipoteque el municipio y que no se privatice el servicio. Por ello, traslado la máxima tranquilidad a los trabajadores de electricidad del Ayuntamiento a los que les prometí que pelearíamos", concluyó.