Izquierda Unida (IU) pide elevadas penas de prisión e inhabilitación en su escrito de calificación provisional como acusación particular en el conocido como caso Acinipo contra la presunta corrupción urbanística en el Consistorio de Ronda.

En concreto, para el principal investigado en esta causa, el ex alcalde de Ronda Antonio Marín (hoy portavoz de APR), las penas solicitadas alcanzan en total los 18,6 meses de prisión, al tiempo que se fija su responsabilidad civil en 1 millón de euros. Además, también se incluyen importantes penas de inhabiltación al considerarle que cometió fraude a la administración, delito continuado de prevaricación, falsedad en documento oficial o tráfico de influencias.

Las peticiones para el resto de investigados son algo menores, aunque, en contra del criterio seguido por la Fiscalía de retirar ciertos delitos a algunos de los investigados, desde IU sí se solicita condena para varios de los concejales que fueron detenidos tras la operación policial, los representantes de la firma Eroski dentro del proyecto para construir un gran centro comercial en la ciudad del Tajo o varios de los funcionarios que participaron en distintos procedimientos relacionados con actuaciones urbanísticas. En total sumarían 24,6 años de prisión para el resto de investigados.

Por otra parte, reclama una responsabilidad civil a los diferentes investigados de un total de 4 millones de euros. A ello une la petición de casi 100 declaraciones de testigos, entre las que se incluyó un empresario que ya se encuentra fallecido.