Marbella

La Fiscalía pide trasladar al Supremo la causa contra la alcaldesa de Marbella

  • Tres años después de la denuncia el Ministerio Público señala directamente a Muñoz además de a varios de los altos cargos, diez de los cuales figuran como investigados

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. / G. J.

La Fiscalía ha pedido trasladar al Tribunal Supremo la causa en la que se investiga la contratación de altos cargos en el Ayuntamiento de Marbella entre 2007 y 2015 por la condición de aforada de la alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), al ser también senadora.

La fiscal Isabel Contreras Bravo, en un escrito del que informa este sábado el diario Sur y al que ha tenido acceso Efe, señala que fue la regidora quien efectuó las contrataciones, en las que aprecia los delitos de prevaricación, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos.

Dado que está aforada, pide al juez que investiga los hechos que remita “las presentes actuaciones, mediante exposición razonada, a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”.

Fue en abril de 2017 cuando, tras una denuncia del gobierno tripartito que estaba entonces al frente del Ayuntamiento -formado por el PSOE, IU y Opción Sampedreña (OSP)-, se abrieron diligencias en el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella por la contratación de doce cargos de alta dirección en el consistorio.

Tras distintas prórrogas, al declararse la causa compleja, tres años después se ha pronunciado la Fiscalía, que señala directamente a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, además de a varios de los altos cargos, diez de los cuales figuran como investigados.

En el inicio de las actuaciones, el juez instructor, Gonzalo Dívar apreció de manera indiciaria que se habrían cometido dos delitos: prevaricación y malversación de caudales públicos, a los que la Fiscalía añade también fraude en la contratación.

Cuando presentó la denuncia, el gobierno tripartito envió a la Fiscalía un informe en el que calculaba en 400.000 euros el daño a las arcas municipales por estas contrataciones, que se habían realizado en distintas sociedades municipales, así como en los antiguos Organismos Autónomos Locales (OAL).

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