Marbella

El Supremo rechaza la prescripción de reclamaciones de sociedades por convenios urbanísticos de Marbella

  • El Alto tribunal ha admitido el recurso de casación interpuesto por varias inmobiliarias

Vista de Marbella en una imagen de archivo

Vista de Marbella en una imagen de archivo / M. H.

El Tribunal Supremo (TS) ha admitido un recurso de casación interpuesto por varias inmobiliarias contra el Ayuntamiento de Marbella, al que reclaman por el “incumplimiento” de convenios urbanísticos suscritos con la Corporación en los años 1996 y 1997, al considerar que estas reclamaciones, formuladas en 2010, no han prescrito. Así lo informaron desde el alto tribunal, apuntando que por ello, se devuelve el asunto al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que sí entendió extemporáneas las reclamaciones, para que resuelva sobre el fondo del asunto.

El Supremo establece que el plazo adecuado y aplicable en los supuestos de incumplimiento de los convenios urbanísticos es el previsto en el artículo 1964.2 del Código Civil –que era de 15 años en 2010, y ahora es de cinco años, desde la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento civil–, y no el de cuatro años que contempla el artículo 25.1 de la Ley General Presupuestaria (LGP).

La Sala señala que “el principio indemnizatorio, por parte del poder público que planifica urbanísticamente, pero que con ello –o con su inacción– incumple lo pactado con los administrados, se impone como una consecuencia obligada y derivada de las normas de nuestro ordenamiento jurídico”.

Así, analiza la naturaleza de los convenios urbanísticos y señala que “parece claro que el plazo de prescripción establecido en el artículo 25.1.a) de la LGP no colma, no llena, no integra el vacío normativo dejado por la legislación contractual pública reseñado, que se refiere a la exigencia de las obligaciones o prestaciones derivadas del contrato o convenio suscrito con la Administración,es decir, al cumplimiento del contrato en los términos que son propios de su naturaleza y alcance (artículo 1258 CC)”.

El caso se inició hace una década, cuando las citadas inmobiliarias reclamaron al Ayuntamiento por incumplir los convenios urbanísticos, la cual fue desestimada, y ante la que presentaron un recurso Contencioso-administrativo, tramitado por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 7 de Málaga.

Dicho recurso fue inadmitido en 2014 “por falta de cumplimiento de la aportación del acuerdo societario”, previsto de la Ley Reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa (LRJCA). Ante ello, las mercantiles interpusieron recurso de apelación en 2015 ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Málaga, que dictó sentencia en 2017.

En la misma, el juez estima “en parte el recurso de apelación” y en su virtud anula la sentencia apelada, es decir, que anula la inadmisión que impedía reclamar al Consistorio por parte de las empresas, puesta en 2011. Esto supone que la reclamación vuelve a tomar músculo. Finalmente, en 2018 presentaron ante el Supremo recurso de casación para determinar “la norma que regula el plazo de prescripción” y condenar a la Administración.

Reclaman al Consistorio la devolución de “lo percibido”

El Tribunal Supremo ha admitido un recurso de casación presentado por varias inmobiliarias que reclaman al Ayuntamiento de Marbella por el “incumplimiento” de convenios urbanísticos firmados con la Corporación local en los años 1996 y 1997, cuando gobernaba el Grupo Independiente Liberal (GIL). Así, las mercantiles reclaman al Consistorio devolver “lo percibido” en virtud de dichos convenios, o en su defecto ““el valor de los bienes por un importe de 4.833.800 euros”, con la correspondiente actualización del IPC, según el fallo al que ha tenido acceso este periódico. En 2018, y tras un periplo de demandas judiciales, las mercantiles prepararon un recurso de casación para determinar “cuál es la norma reguladora del plazo de prescripción de acción en incumplimiento de convenio urbanístico”, ordenando la comparecencia de las partes ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Un año después, el recurso de casación es admitido para determinar la norma reguladora del plazo de prescripción de las reclamaciones basadas en incumplimientos de convenios urbanísticos. Así, mediante la formalización de la casación, las inmobiliarias reclaman al juzgado declarar “la anulación total de la sentencia” que desestimaba la reclamación y “entre a conocer el fondo del asunto”. Además, solicita condenar “a la Administración a que proceda a la devolución de lo percibido por el Ayuntamiento de Marbella en virtud de los convenios suscritos”, y en caso de no ser posible la restitución, que “el valor de los bienes por un importe de 4.833.800 euros”. Por su parte, el Ayuntamiento presentó en abril de 2019 un “escrito de oposición” mediante el cual “se opone el recurso de casación”, que solicita desestimar, así como confirmar la sentencia recurrida.

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