La Fiscalía ha pedido a la Audiencia de Málaga que remita al Tribunal Supremo la causa por un presunto delito de falsedad documental en el acta del Pleno en el que se aprobó el PGOU en 2009, para que se pueda investigar a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que es aforada.

El fiscal ha presentado recurso de apelación ante la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella de volver a archivar las diligencias y señala que, tras las últimas testificales, los indicios contra la regidora, que también es senadora, se han “acentuado”.

En un escrito, al que ha tenido acceso Efe, califica el sobreseimiento como “inusual, un tanto sorprendente e incluso exótico” y pide que se revoque la decisión del instructor.

El representante del Ministerio Público considera que existe “intención falsaria”, ya que en el pleno de 29 de julio de 2009 se “ocultó” la modificación de 22 de los 71 planos que componían el PGOU y descarta que el único presunto responsable, como sostiene el juez, fuera el vicesecretario municipal, ya fallecido.

Mantiene que la participación de Ángeles Muñoz “tiene relevancia falsaria [...] no siendo esta en ningún caso inocua, al ser falsos los hechos que se contienen en el documento”, en referencia al acta de esa sesión.

Explica que si la alcaldesa “hubiera informado al Pleno y sometido a votación una cuestión tan trascendental” como la modificación de 22 de los 71 planos que componían el PGOU “no estaríamos planteando la comisión de ilícito penal alguno”.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella archivó el caso en agosto de 2017 y, tras ordenar su reapertura la Audiencia Provincial el 15 de marzo de 2018, lo cerró por segunda vez el pasado 3 de septiembre, en ambas ocasiones en contra del criterio del fiscal.

La acusación popular que ejerce el grupo municipal socialista también ha presentado un recurso de apelación, que ha elaborado el letrado José Mariano Benítez de Lugo, que fue quien sentó en el banquillo al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por la trama Gürtel.