La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, anunció ayer que el Ayuntamiento ha logrado una sentencia favorable en la que la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga cierra y archiva de forma definitiva las reclamaciones en las que una empresa pedía más de 23 millones de euros por una deuda que se originó en la época de gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL). La regidora, que compareció tras la junta del gobierno local, ha señalado que la deuda se remonta al año 1992, cuando el Ayuntamiento contrató a una empresa para gestionar los servicios de basuras y limpieza viaria de la ciudad.

Tres años después, se le hizo al Consistorio una reclamación de 6.000 millones de pesetas –34 millones de euros–, deuda que, ha señalado Muñoz, la avaló el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y que, tras un acuerdo en 1998, se elevó a 46,8 millones de euros. El pago acordado en 1998 comprendía inmuebles, suelos, promociones, 3 millones de euros y aprovechamientos urbanísticos. El pago, ha explicado Muñoz, no se materializó, lo que generó una demanda posterior que presentó la sociedad que se quedó con la deuda de la empresa contratada en 1992 para gestionar los servicios de basuras y limpieza. La demanda condenó al Ayuntamiento en 2012 a pagar 17,5 millones de euros, cuantía que, unida a los intereses, se elevaba a los 23 millones.

"Considerábamos inadmisible que esta deuda llevara a la quiebra a la administración”

“Desde esa fecha, venimos peleando porque considerábamos inadmisible que esta deuda pudiera llevar a la quiebra a la administración”, dijo la regidora, al tiempo que destacó el “esfuerzo y trabajo realizado por el Ayuntamiento para, no solo evitar esta merma en nuestras cuentas, sino también para recuperar una parte del patrimonio expoliado”.

El Ayuntamiento ha evitado el pago del importe y recuperado una nave en el Polígono Industrial de San Pedro Alcántara; un apartamento; una vivienda; y una parcela de 100.000 metros cuadrados de superficie ubicada en la carretera que conecta Marbella con el municipio malagueño de Istán. El valor catastral de este patrimonio asciende a 1,5 millones de euros y el Ayuntamiento lo quiere enajenar para comprar suelo y desarrollar vivienda pública, señaló Muñoz. “Después de muchos años de reclamaciones y recursos en todas las vías, por fin cerramos este procedimiento por el que no tendremos que pagar ni un solo euro y que además nos ha permitido recuperar una pequeña parte de nuestro patrimonio”, apuntó.

Por otra parte, la alcaldesa anunció que el Ayuntamiento ha asumido la cofinanciación del programa de tratamiento a las familias con menores en situación de riesgo y desprotección y que comprende desde el 1 de mayo al 31 de abril de 2021. La iniciativa, en la que el Ayuntamiento aporta 175.000 euros y la Junta de Andalucía, 150.000 euros, “seguirá prestando servicio a las 70 familias a las que se veía apoyando”, dijo.