Las organizaciones agrarias de Huelva consideran que el principal problema que tienen los productores de frutos rojos es la falta de consumo y no la mano de obra. Asaja y UPA han valorado el Real Decreto que permite la incorporación de parados e inmigrantes a los trabajos del campo e insisten que dada la situación actual de los mercado

Asaja Huelva asegura que el decreto llega tarde, es de difícil aplicación y además genera un agravio comparativo “peligroso” e “injusto”. La organización agraria entiende que llega tarde, “al menos en el sector de la fresa y los frutos rojos de Huelva”, ya que la mano de obra hacía falta hace tres semanas cuando se produjo cierre de las fronteras de Marruecos e intracomunitarias que impidieron la llegada de miles de trabajadores con los que ya existía un compromiso de trabajo.

Según Asaja, en la actualidad, debido a la caída de los pedidos de los mercados internacionales “no se precisa de mano de obra”. Añade que la efectividad de la medida en el mejor de los escenarios consumiría como mínimo varias semanas, lo cual impediría una eficacia a la hora de aplicarla.

En cuanto a su aplicación, la organización agraria entiende que resultará de escasa utilidad por varios motivos. En primer lugar, porque “la burocracia que lleva aparejada puede hacer inviable la contratación de personas en el plazo de tiempo más corto posible”. En su opinión, la tramitación al pasar por los servicios públicos de empleo es demasiado compleja y retrasará la llegada de los trabajadores en el momento en que sean necesarios.

Por otro lado, entiende que la ley no soluciona los problemas de movilidad que viene sufriendo el sector agrario a raíz de las limitaciones impuestas en el decreto del Estado de Alarma. “Todo lo contrario establece un criterio de proximidad que prioriza la contratación de personas que residen en el mismo municipio o en municipios limítrofes”. Además, esto “perjudica a aquellas empresas que tengan su sede en un municipio determinado y las explotaciones o parcelas en otra localidad a la que hay que trasladar al trabajador”.

Para Asaja, el Gobierno ha pasado la patata caliente a las comunidades autónomas, que serán las que deberán ajustar el criterio de proximidad “teniendo en cuenta el despoblamiento o dispersión de municipios”. En este sentido, la asociación ha remitido un escrito a la delegada del Gobierno en Huelva, Bella Verano, para que se permitan los desplazamiento de aquellos trabajadores que tengan voluntad de trabajar en distintas explotaciones, aunque no residan en el municipio del centro de trabajo ni en localidades limítrofes.

Debido a la caída de las ventas en los mercados el sector de los frutos rojos no precisa más mano de obra

Por último, considera que el hecho de permitir que los trabajadores que sean contratado a raíz de este real decreto continúen cobrando el subsidio incurre en “un agravio muy injusto para con todo esos trabajadores que han estado trabajando exclusivamente por el salario y que no han abandonado sus puestos de trabajo”.

UPA entiende que el principal problema es el descenso del consumo y de las ventas en el mercado nacional e internacional. Según esta organización agraria, la situación actual ha cambiado el comportamiento de los consumidores, que optan por la compra de productos con fechas de caducidad altas debido a que no se compra a diario y por comercios de cercanía frente a grandes superficies, debido a las medidas impuestas.

También el cerrojazo de la restauración y del turismo está suponiendo graves pérdidas para el sector, pues toda la producción del canal Horeca, destinada a bares, cafeterías, restaurantes, hoteles y alojamientos, se ha eliminado temporalmente.

En su opinión, la necesidad de mano de obra solo se producirá si la situación de la pandemia mejore y las medidas de restricción se suavicen. Si esto ocurre y se reactiva el mercado (nacional e internacional), podría producirse una importante demanda de mano de obra en un momento alto de producción. UPA alerta también de los bajos precios que recibe el agricultor.