El régimen sirio convocó ayer el referéndum sobre la nueva Constitución para dentro de diez días en un tímido gesto de aperturismo político que contrasta con el dominio ejercido por la familia Al Asad y la ola de violencia que vive el país.

La consulta popular se celebrará el próximo día 26 y no en marzo como estaba previsto, según los medios oficiales sirios, que destacaron los principios democráticos del borrador. El texto acaba con el monopolio del partido gobernante Al Baaz, cuyo jefe es el presidente del país, Bashar al Asad, y abre las puertas a la participación de otras formaciones políticas.

Así, se suprime el artículo que estipula el dominio de Al Baaz en el liderazgo político del país incluido en la actual Constitución, cambiada en los años 70 por el padre del presidente, Hafez al Asad.

Otro de los puntos principales es la limitación del mandato del jefe del Estado: será elegido por siete años y podrá concurrir sólo una vez más de forma consecutiva. Sin embargo, la norma se aplicará cuando termine el mandato del actual presidente, en 2014, por lo que Al Asad, de 46 años, podría permanecer en el poder hasta 2028.

En un sistema republicano, el mandatario, mayor de 40 años, debe nombrar al primer ministro y su Gabinete, y con ellos ejercerá el poder ejecutivo, en tanto el legislativo corresponderá al Parlamento, elegido cada cuatro años.

Según la nueva Constitución, elaborada por una comisión designada por Al Asad, Siria es un "Estado democrático y civil" en el que se garantizan y respetan "todas las religiones", lo que pondría fin al sistema confesional que impera actualmente y que supone el reparto de los altos cargos en función de las distintas minorías religiosas.

La religión del presidente es el islam y la fuente principal de la legislación es la jurisprudencia musulmana, según el borrador.

El texto, compuesto por 157 artículos divididos en seis capítulos, determina un Estado "con soberanía total, por lo que es inaceptable dividirlo y no puede renunciar a ninguno de sus territorios".

Entre los derechos recogidos, figuran la libertad de expresión y opinión, el derecho a la huelga y la prohibición de practicar detenciones o torturas sin orden judicial.

Esta estrategia del régimen sirio pretende silenciar la revuelta popular que ha sumido al país en una espiral de violencia desde marzo de 2011 y que se ha cobrado la vida de más de 5.000 personas, según datos de la ONU.

Los opositores, mientras tanto, desconfían de las promesas del régimen al continuar éste con sus ataques contra los civiles. La red de activistas Comités de Coordinación Local informó de la muerte ayer de al menos 17 personas en el país, ocho de ellas en la provincia septentrional de Idleb.

Además, las fuerzas del régimen bombardearon intensamente la localidad de Hama, objeto de un asedio, al tiempo que atacaron un oleoducto que pasa por el barrio de Bab Amro, en la ciudad de Homs.

A la ofensiva militar en estos bastiones opositores, ubicados en el centro de Siria y castigados duramente en los últimos meses, se han unido los combates entre fuerzas leales al régimen y desertores en distintas zonas del país.

Para Ahmed Ramadan, dirigente del Consejo Nacional Sirio (CNS), el principal órgano de la oposición en el exilio, la nueva Constitución planteada por Al Asad es "inútil" puesto que su redacción no ha sido consensuada por las fuerzas políticas. "El régimen ha hecho una Constitución a su medida", afirmó Ramadan, convencido de que el referéndum es una forma de "ganar tiempo".

Este nuevo gesto del régimen llega un día antes de que la Asamblea General de la ONU vote un proyecto de resolución que condena las violaciones "sistemáticas" de derechos humanos y exige al Gobierno sirio que detenga inmediatamente los ataques contra la población civil. El texto respalda los planes de transición de la Liga Árabe para Siria, que estipula que Al Asad delegue sus poderes en el vicepresidente y forme un Gobierno de unidad nacional.