Asesino para unos, anciano enfermo para otros: la sociedad egipcia se muestra dividida ante el proceso que se inicia hoy en el Tribunal Penal de El Cairo contra el ex presidente Hosni Mubarak.

"Es un asesino, el que ha matado debe morir", dice Alaa Jaled, que perdió a su hermano gemelo el pasado 27 de enero en el tercer día de la revuelta popular que forzó la dimisión del presidente el 11 de febrero.

Al igual que Alaa, la casi totalidad de los familiares de los 850 muertos y de los 6.000 heridos durante la revuelta reclaman para el ex presidente la aplicación de la ley del Talión.

Hoy, Hosni Mubarak, de 83 años, deberá responder sobre las acusaciones de corrupción y asesinato. Este último cargo puede ser castigado en Egipto con la pena capital.

"No estamos seguros de que comparezca ante la Justicia, pero si no lo hace, nos encargaremos de juzgarlo nosotros mismos, y entonces ya no habrá imparcialidad", amenaza Said Zidan. Uno de sus primos murió durante la represión de las manifestaciones de enero y febrero.

Salwa Said Hanafi viste de negro, el color del duelo, como otras dos mujeres que se encuentran en la plaza Tahrir, epicentro del movimiento de protesta. Allí se reúnen a diario desde el 8 de julio, fecha en la que se inició una sentada organizada para reclamar, entre otras cosas, que se acelere el proceso contra los altos cargos del antiguo régimen.

"Todos los responsables de la muerte de mi hijo deben ser juzgados", remarca Salwa.

También comparecerán ante el tribunal el ex ministro del Interior, Habib el Adli y seis de sus colaboradores, los dos hijos de Mubarak y un empresario próximo al ex presidente, Husein Slem.