Los gobiernos de Londres y Dublín se desmarcaron ayer de la propuesta del fiscal general norirlandés, John Larkin, de suspender la investigación de los delitos cometidos durante el pasado conflicto armado en Irlanda del Norte.

Pese a que el fiscal matizó que no sería una "amnistía formal" sino una "consecuencia lógica" de la paz, casi todas las partes implicadas reaccionaron con malestar a una idea que, en su opinión, propugna un perdón sin condiciones y perjudica a las víctimas.

La iniciativa de Larkin causó un enorme revuelo en Belfast, Londres y Dublín, pues propone archivar los delitos cometidos por los grupos paramilitares católicos y protestantes, la Policía o el Ejército británico antes de la firma, el 10 de abril de 1998, del Acuerdo de paz del Viernes Santo.

Una especie de ley de punto y final que el primer ministro británico, David Cameron, no tiene intención de presentar al Parlamento. "Creo que sería bastante peligroso pensar que se puede poner algún tipo de bloqueo a eso", afirmó ayer en la Cámara de los Comunes en referencia a un conflicto que causó más de 3.500 muertos durante tres décadas.

Su colega irlandés, Enda Kenny, pidió respeto hacia la propuesta de Larkin pero advirtió que, si sale adelante, será duro de aceptar para las víctimas y sus familias.