La reunión que mantuvieron ayer en la Casa Blanca el presidente de EEUU, Barack Obama, y los líderes del Congreso para evitar la entrada en vigor de los recortes automáticos del gasto público a partir de la pasada medianoche concluyó sin acuerdo.

Según Obama, los recortes, valorados en más de 85.000 millones de dólares y que se aplicarán paulatinamente en los próximos meses, supondrán la pérdida de 750.000 empleos y la reducción de medio punto porcentual en el crecimiento del PIB.

Obama compareció ante la prensa tras la reunión y volvió a alertar de que el "dolor" que van a causar esos recortes a cientos de miles de estadounidenses "será real".

"Cuanto más tiempo permanezcan en pie esos recortes, mayor será el daño para nuestra economía", advirtió el presidente en una comparecencia en la sala de prensa de la Casa Blanca.

Esos recortes "no son necesarios" y serán aplicados porque así lo han decidido los republicanos en el Congreso, reprochó el presidente.

El principal escollo en las negociaciones es que los republicanos consideran que el gasto del Gobierno es excesivo y hay que recortarlo más, mientras los demócratas persiguen una reforma fiscal para aumentar los ingresos del Estado a la que los conservadores se oponen.

"La discusión sobre los ingresos, en mi opinión, ha terminado. Se trata de asumir el problema del gasto", sostuvo por su parte el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, al término de la reunión con Obama.

Boehner recordó que ya hubo una subida impositiva en enero, en referencia al acuerdo logrado para aumentar la carga tributaria a las rentas superiores a 400.000-450.000 dólares anuales dentro de las negociaciones que evitaron el llamado "precipicio fiscal".

"Esto no es una victoria para nadie. Es una pérdida para todo el pueblo estadounidense", lamentó por su parte Obama, en sus comentarios sobre el fracaso de las negociaciones.

El Congreso acordó en 2011 esos recortes para forzar un pacto de largo alcance sobre la reducción del elevado déficit público -superior al 8 % en 2012- que todavía no ha llegado. Ambos partidos, demócrata y republicano, habían presentado el jueves pasado en el Senado dos proyectos para evitar los recortes, pero ninguno obtuvo el respaldo suficiente para avanzar.

El Departamento de Justicia de EEUU defendió ayer por otra parte en un escrito ante el Tribunal Supremo los matrimonios homosexuales en California, tras sugerir incluso que la Constitución protege el derecho de esas parejas a casarse en otros estados.

Aunque el Gobierno federal es ajeno al litigio en cuestión ante el Tribunal Supremo, el fiscal general de EEUU, Eric Holder, explicó en un comunicado que presentó su escrito de amicus curiae, de 40 páginas, para "vindicar el ideal definitorio constitucional del trato igual bajo la ley".

"A través de la historia, hemos visto las consecuencias injustas de las decisiones y políticas arraigadas en la discriminación. Los asuntos ante el Tribunal Supremo en este caso y en el Acta de Defensa del Matrimonio no sólo son importantes para las decenas de miles de estadounidenses que están siendo privados de derechos y beneficios equitativos bajo nuestras leyes, sino también para toda nuestra nación", argumentó Holder.

En el documento, el Gobierno argumentó que la tradición "no puede en sí misma justificar una ley discriminatoria" y que "el prejuicio no debe servir de base para el trato diferencial bajo la ley".

Así, la Administración de Barack Obama se ha puesto del lado de los detractores de la Propuesta 8 de California que prohíbe los matrimonios homosexuales, que la tachan de inconstitucional.