La Corte Constitucional de Colombia dejó ayer sin vigencia el acuerdo militar firmado entre los Gobiernos de Bogotá y Washington en 2009 hasta que la iniciativa surta los trámites propios de un tratado internacional, es decir, sea aprobada por el Congreso.

Así lo anunció el presidente del Alto Tribunal, Mauricio González Cuervo, quien constató que éste no es un acuerdo simplificado, sino que "involucra nuevas obligaciones del Estado Colombiano, así como una extensión de las adquiridas con anterioridad, por lo que debió ser tramitado como un acuerdo internacional".

En respuesta, el Gobierno colombiano acató el fallo del Alto Tribunal y señaló, a través del ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, que "estudiará detalladamente dicha decisión a la luz de las normas del Derecho Internacional, los acuerdos vigentes y las demás normas aplicables".

Rivera insistió en "la importancia de la cooperación" entre los dos gobiernos durante décadas "en asuntos de seguridad y defensa, y sobre todo en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo".

Para el Alto Tribunal, el acuerdo firmado entre Colombia y Estados Unidos en octubre de 2009 implica compromisos como la autorización para "acceder y utilizar instalaciones militares por personal militar y civil extranjero" o " la libre circulación de buques, naves, aeronaves y vehículos tácticos extranjeros por el territorio nacional, sin posibilidad de inspección o control por las autoridades nacionales".

Del mismo modo, autoriza el uso y transporte de armas en Colombia "por personal extranjero" y la "extensión de un estatuto de inmunidad y privilegios diplomáticos para contratistas y subcontratistas, así como personas a cargo del personal de los norteamericanos.

Por estos motivos, la Corte decidió, sin cuestionar el contenido, remitirlo "al presidente de la República para que imparta el trámite constitucional propio de tratados internacionales".

Si el Gobierno decide enviar la iniciativa al Congreso, y si es aprobado, el documento deberá volver a la Corte para que supere nuevamente los controles constitucionales, y si procede, hacer un estudio de fondo del tratado.

La Corte explicó que las relaciones de ayuda, "asistencia y cooperación entre Colombia y Estados Unidos podrán regirse por los tratados" firmados con anterioridad al 30 de octubre de 2009, fecha en la que firmaron el controvertido convenio militar el entonces canciller colombiano, Jaime Bermúdez, y el embajador de Estados Unidos en Bogotá, William Brownfield.

Esto implicaría que ningún militar o personal técnico norteamericano que esté en el país debe abandonarlo pues se amparan en otros tratados.

Lo que procede ahora es que el Gobierno del presidente, Juan Manuel Santos lo presente ante el Congreso, pero también podría aprovechar para renegociar el contenido con Washington, opción que igualmente le obligaría a pasar el trámite parlamentario.

Cuando se conoció este acuerdo, hace ahora un año, los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua criticaron la iniciativa al considerarla una amenaza "contra la soberanía y la estabilidad de la región".

A raíz de esta polémica, la ONG colombiana Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo presentó una demanda ante la Corte.

El Gobierno colombiano siempre sostuvo que este acuerdo no era nuevo, sino una extensión de los convenios suscritos desde 1974 con Estados Unidos.

De acuerdo con el texto, los soldados estadounidenses no superarían los 800 en suelo colombiano, ni más de 600 contratistas del Pentágono podrían estar en el país, lo que fue autorizado en el año 2000 con el Plan Colombia, una estrategia antidrogas que luego se amplió a la lucha contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La base aérea de Palanquero, en el centro de Colombia, para la cual el Congreso norteamericano autorizó un desembolso de 46 millones de dólares (más de 35 milones de euros) para su adecuación, era el eje del total de siete instalaciones a las que los militares estadounidenses tendrían acceso mediante el acuerdo.