Venezuela

La ONU imputa graves crímenes de Estado al Gobierno de Maduro

  • Un informe acusa a Caracas de más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales en un año y medio

La ONU imputa graves crímenes  de Estado al Gobierno de Maduro

La ONU imputa graves crímenes de Estado al Gobierno de Maduro

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aumentó la presión contra el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, con la presentación de un informe que denuncia graves crímenes de Estado. En concreto, Naciones Unidas lo señala de cometer más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales entre enero de 2018 y mayo de 2019.

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó formalmente el informe a los miembros del Consejo, que recibió el apoyo de la Unión Europea y buena parte de las naciones latinoamericanas del Grupo de Lima, pero fue condenado por la propia Venezuela y por Cuba.

La delegación venezolana en Ginebra cree que el texto carece de "rigor científico". El Palacio de Miraflores responde con el "gesto" de la liberación de 22 presos políticos

No tardó la delegación venezolana en responder con críticas al informe, que afirmó que el documento "está dominado por una visión selectiva y parcial, carente de rigor científico y con graves errores metodológicos", subrayó el viceministro venezolano de Asuntos Exteriores, William Castillo.

Frente a los medios de comunicación, Bachelet declaró después de un debate de dos horas en el seno del Consejo de Derechos Humanos: "El Estado de derecho y varias instituciones esenciales del país han sido profundamente erosionadas, el uso excesivo y letal de la fuerza se ha usado contra manifestantes y también en operaciones de las Fuerzas Especiales".

La ex presidenta de Chile no escatimó la denuncia frente a las prácticas del Gobierno de Nicolás Maduro. "La tortura es un grave problema, como trágicamente ha mostrado la muerte del capitán Rafael Acosta hace una semana", añadió la alta comisionada, quien se encontraba de visita oficial en Venezuela cuando se produjo la detención arbitraria del militar, fallecido el 29 de junio bajo custodia.

En su intervención ante el Consejo, Bachelet concluyó que "los venezolanos merecen una vida mejor, libre de miedo y con acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios", justo antes de centrar su denuncia en "el ejercicio de las libertades de expresión, asociación, asamblea y participación en la vida pública corre peligro de ser castigado con represalias y represión".

También lamentó "ataques contra oponentes políticos y defensores de los derechos humanos, con métodos que van desde las amenazas y las campañas de descrédito a detención arbitraria, tortura, violencia sexual, asesinatos y desapariciones".

En la única concesión al Gobierno venezolano, Bachelet apuntó a que las sanciones impuestas sobre Venezuela, principalmente por Estados Unidos, "están exacerbando la situación, dado que la mayoría de sus ingresos derivan de la exportación de petróleo".

"La única forma de salir de esta crisis es la unión, y pido al Gobierno de Venezuela que vea a la oposición y los defensores de derechos humanos como socios en la causa común de estos derechos y de la justicia, para plantar las semillas de un acuerdo duradero que lleve a la reconciliación", dijo la política chilena.

En relación a la salida de la crisis política de Venezuela, el anuncio del informe del departamento de la ONU dirigido por Bachelet coincidió con un gesto del Gobierno de Maduro en pos de una reconciliación entre los dos grupos enfrentados. Las autoridades venezolanas procedieron a liberar a 22 presos políticos, entre las que se encontraban el periodista chileno-venezolano Braulio Jatar y la juez Lourdes Afiuni.

Fue la misma Bachelet quien aplaudió la medida: "Las autoridades muestran un nuevo compromiso con la resolución de los múltiples desafíos en materia de derechos humanos a los que se enfrenta el país".

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