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Pasan a disposición judicial nueve ex militares responsables de la matanza de jesuítas en 1989

  • Los detenidos se entregaron voluntariamente tras conocer que la policia salvadoreña se disponía a aplicar la orden de captura impuesta por la Interpol.

El Ministerio de Defensa de El Salvador ha puesto a disposición de la Justicia civil a nueve de los 20 militares salvadoreños cuya captura ordenó un juez español por el asesinato de seis jesuitas y dos mujeres en 1989, anunció el Gobierno.

A primera hora de este lunes "el Ministerio de la Defensa puso a la orden del Juez Décimo Segundo de Paz a los nueve militares retirados que son requeridos por la Interpol, para los procesos legales correspondientes", informó la Casa Presidencial.

Agrega que los nueve militares "se presentaron voluntariamente", a las 18:00, hora local del domingo (00:00 GMT) a la Brigada Especial de Seguridad Militar, en San Salvador, tras conocer que la Policía Nacional Civil se "disponía a aplicar la Difusión Roja" (orden de captura) de la Policía Internacional (Interpol) a petición del juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional de España.

Los nueve militares, en situación de retiro, entregados a la Justicia son: los generales Rafael Humberto Larios y Juan Rafael Bustillo; Francisco Helena Fuentes, Juan Orlando Zepeda y Mariano Amaya Grimaldi, detalló.

Además, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Antonio Ramiro Avalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo, indica la nota oficial.

La orden internacional de captura por el asesinato de los sacerdotes jesuitas en 1989 incluía a René Emilio Ponce, quien falleció el 2 de mayo pasado.

El juez Velasco decretó el 30 de mayo la captura de todos los militares salvadoreños involucrados en la matanza.

La masacre sucedió el 16 noviembre de 1989, cuando miembros del Batallón Atlacatl irrumpieron en la Universidad Centroamericana (UCA) y mataron a los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes e Ignacio Martín-Baró.

También asesinaron a los sacerdotes españoles, Armando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López, así como la trabajadora de la UCA, Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.

El múltiple crimen sucedió en la época del conflicto armado (1980-1992) en El Salvador, que dejó alrededor de 75.000 muertos.

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