Analistas políticos sirios estiman que el  referéndum del 26 de febrero para la aprobación de una nueva  Constitución será incapaz de poner fin a la crisis en el país,  después de meses de enfrentamientos entre el régimen de Bashar al  Assad y activistas opositores. 

La oposición ha rechazado un proyecto de Constitución por  considerarlo una "farsa" y adelantó que sólo aceptará la renuncia de  Al Asad, cuya familia gobierna el país desde hace 42 años.  Activistas y expertos ratifican que pese a que la Constitución abre un camino para el pluralismo político en Siria, preserva los  poderes del presidente, incluyendo la posibilidad de disolver el  Parlamento, la aprobación de leyes, y el nombramiento de un gobierno.  Esas medidas, en su opinión, aseguran la continuidad en el poder del  partido Baath,la única agruación política legal en Siria. 

"La nueva Constitución mantiene los poderes absolutos del  presidente", indicó Mohammed Faour, del Centro de Investigaciones  Carnegie de Medio Oriente. "¿Cómo puede ser exitoso este referéndum  cuando todo un sector de la población apoya una revuelta popular  contra el régimen", puntualizó. 

La oposición señala que con la nueva Constitución el régimen de Al  Assad permitiría solo a los grupos leales a Baath formar partídos  políticos. Los líderes opositores mencionan por ejemplo el artículo  3, que estipula que un candidato presidencial debe haber vivido en  Siria al menos diez años y debe estar casado con una mujer siria.  En su opinión, dicha norma busca dejar fuera de la carrera presidencial a los oponentes políticos que han vivido en exilio  durante mucho tiempo y que están casados con extranjeras.

Tampoco está claro cómo se celebrará la consulta popular en muchas ciudades y pueblos sitiados por las fuerzas del gobierno, que desde  hace semanas bombardean vecindarios sunies en Homs.  "Un referéndum sólo puede hacerse después de que el gobierno de Siria discuta el proyecto de constitución con la oposición y detenga  todos los actos violentos", mencionó el analista libanés Amin  Kammourieh. 

Por su parte, el político libanés Walid Jumblatt, en el pasado  aliado de Siria, describió el plebiscito como una "herejía".  El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con base en Londres,  estima que más de 7.500 personas han sido asesinadas desde el inicio  de las protestas en marzo. Cada vez más, el conflicto se asemeja a  una guerra civil, con enfrentamientos entre los rebeldes sunies del  Ejército Libre de Siria y las fuerzas del gobierno, cuyos comandantes  pertenecen a la rama alauita del islam, al igual que Al Asad. 

Para el analista libanés Saad Kiwan, el proyecto de nueva  Constitución está lleno de contradiciones ya que, por un lado,  prohíbe la creación de partidos políticos, o la organización de  actividades políticas basadas en afiliaciones religiosas o étnicas.  Y, por otra parte, establece claramente que el presidente debe ser  musulmán y que la sharia (ley islámica) debe ser la principal fuente  de legislación.  Unos 14,6 millones de sirios, de una población total de 23,6  millones, están registrados para participar en el reférendum.