El primer ministro británico, David Cameron, abanderó la introducción a última hora en el Parlamento de una nueva regulación que restringirá el acceso a las prestaciones sociales de los inmigrantes europeos, a fin de disuadir a aquellos que pretendan "vivir del Estado". El Gobierno conservador-liberaldemócrata tramitó la normativa con urgencia para que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2014, fecha en que se levantarán las restricciones para trabajar y establecerse en el Reino Unido a los ciudadanos de Bulgaria y Rumanía.

Al presentar las nuevas directrices, que retrasarán en tres meses el cobro del subsidio de paro y el acceso a la ayuda de vivienda, el primer ministro subrayó que atajar el abuso del sistema social es parte de su "plan económico a largo plazo". "Estamos tomando medidas directas para reformar los sistemas de inmigración y bienestar social a fin de acabar con la cultura del algo por el nada y cumplir con las personas que juegan según las reglas", declaró. "Acelerar el comienzo de estas nuevas restricciones hará que el Reino Unido sea un lugar menos atractivo para los inmigrantes de la Unión Europea que quieren venir aquí para intentar vivir del Estado", añadió. Cameron señaló que este país sigue "abierto a los negocios" para "la mayoría de los ciudadanos europeos que quieren venir a trabajar como parte del mercado único y contribuir a la economía y pagar sus impuestos".

Las restricciones, que ya habían sido anunciadas pero sin precisarse su aplicación, incluyen impedir a los ciudadanos de cualquier país europeo el cobro del subsidio del paro -71 libras (84 euros) a la semana- durante los tres primeros meses de su estancia en este país. Tras ese periodo, deberán superar una prueba, que ahora se endurecerá, para demostrar que son residentes habituales con intención de arraigar en territorio británico. Mientras estén desempleados, los inmigrantes recién llegados no podrán reclamar ayuda de vivienda y el subsidio de paro se detendrá al cabo de seis meses si no tienen perspectivas de encontrar empleo.

Además, se prohibirá el reingreso durante doce meses a personas que hayan sido expulsadas del país por no trabajar o mendigar, al tiempo que se incrementará hasta 20.000 libras (23.700 euros) la multa a las empresas que paguen menos del sueldo mínimo. Paralelamente, se enmienda la ley de inmigración para facilitar la deportación de personas -como esos indigentes o mendigos- "sin derecho a estar en el país", según el comunicado oficial.

Sobre estas medidas, la portavoz laborista de Interior, Yvette Cooper, criticó que deberían centrarse en atajar "la explotación de trabajadores europeos" por parte de empresarios y agencias que solo contratan a extranjeros como mano de obra barata. El líder del euroescéptico y antiinmigración Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP), Nigel Farage, dijo que los cambios anunciados por Cameron no son más que "humo" para "convencer a los ciudadanos de que escucha sus preocupaciones". "El bloqueo de tres meses de las prestaciones sólo es un gesto político", afirmó Farage, quien recordó que, según la normativa comunitaria, los ciudadanos de la UE tienen derecho a reclamar a sus propios países el subsidio de paro durante los tres primeros meses -extensibles a seis- de su estancia en otro país.

Según datos del Gobierno, hasta febrero de 2013 había en el Reino Unido 5,6 millones de personas que recibían subsidios (sin contar pensiones), de las cuales 397.000 (un 7%) no eran ciudadanos británicos en el momento de reclamarlos. Esta cifra, que no especifica si los reclamantes son europeos, es superior en casi 100.000 personas a la registrada en 2008, de 288.720. En un intento de mostrar firmeza contra la inmigración con vistas a las elecciones de 2015, el Gobierno de Cameron aseguró además hace unos días que quiere negociar con Bruselas restricciones a la libertad de circulación dentro de la Unión Europea.