Expertos en derecho, políticos y asociaciones defensoras de inmigrantes y derechos humanos criticaron el proyecto del presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, de despojar de la ciudadanía francesa a criminales naturalizados, pues establece categorías de nacionalidad en la República.

"Todos los franceses son iguales ante la ley, cualquiera que sea su origen, sean franceses de nacimiento o naturalizados", sostuvo Robert Badinter, quien fuera ministro de Justicia del ex presidente François Mitterrand, al denunciar el discurso que a finales de julio pronunció el actual jefe de Estado francés en Grenoble, al sureste del país.

El reconocido experto en derecho afirmó que la iniciativa "es contraria al espíritu republicano (...) y es una falta política, porque el corazón del problema es el sentimiento de algunos de esos franceses que Sarkozy llama de origen extranjero, de seguir siendo, a pesar de su documento de identidad, extranjeros de la Nación".

Por su parte, el experto constitucionalista Guy Carcassonne recordó que "el artículo primero de la Constitución garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen", y expresó sus "dudas" acerca de la legalidad de despojar a alguien de la nacionalidad para sancionar delitos comunes.

En Francia sólo puede retirarse la nacionalidad por el delito de terrorismo.

El diario francés Le Monde criticó en uno de sus editoriales la política "del chivo expiatorio" impulsada por Sarkozy, que "debería ser el garante" del artículo primero de la Constitución y advirtió que "ningún fin (...), ni una deseada reelección a la presidencia de la República en 2012, justifica todos los medios".

En un discurso interpretado por políticos y prensa como el puntapié inicial de su campaña electoral con miras a su reelección en 2012, Sarkozy anunció que su Gobierno "revaluará los motivos por los cuales se puede despojar de la nacionalidad francesa" a "toda persona de origen extranjero que haya atentado voluntariamente contra la vida de un policía, un gendarme o cualquier representante de la autoridad pública".

Si la máxima responsable socialista, Martine Aubry, habló de "deriva republicana" y la ex rival de Sarkozy a la presidencia, Ségolène Royal, dijo que "la cima de nuestra República se está pudriendo", el centrista François Bayrou lamentó que el presidente lance una "polémica con asuntos tan peligrosos".

Integrante del partido gubernamental la Unión para un Movimiento Popular (UMP), pero enemigo jurado de Sarkozy, Dominique de Villepin advirtió contra el uso de determinadas "palabras" e "ideologías".

"¿Qué significa francés de nacimiento y francés de origen extranjero? ¿La próxima etapa será un distintivo para hacer la diferencia?", se preguntó el diputado socialista Pierre Moscovisci.

Entidades defensoras de los derechos humanos, inmigración y contra el racismo se reunieron en París para emitir una "reacción unitaria" a la iniciativa presidencial, respaldada en cambio por el Frente Nacional (FN), con el que la UMP se disputa una parte del electorado.

"Las declaraciones del presidente (...) confirman oficialmente el caracter criminal de determinadas migraciones, una verdad por la cual el Frente Nacional es perseguido desde hace tres décadas", declaró Marina Le Pen, número dos del FN.

La iniciativa presidencial y otras redactadas por la UMP, calificadas de "ultra-represivas" por la prensa, se sumarán al proyecto de ley de inmigración que el Parlamento estudiará durante el mes de septiembre, según informaron fuentes ministeriales del país galo.

Diversos analistas coinciden en que Sarkozy busca recuperar el control "de la agenda político-mediática" que se le escapó de las manos con el caso de la multimillonaria Liliane Bettencourt, heredera de la empresa de cosméticos L'Oréal, y Eric Woerth, su actual ministro de Trabajo sospechoso de conflicto de intereses por intervenir en la contratación de su esposa por parte de la gestora de la heredera y financiación política ilegal de la UMP durante la campaña electoral de 2007.