Las huelgas contra la contratación de trabajadores extranjeros continuan en el Reino Unido, mientras siguen las negociaciones para buscar una solución y el Gobierno se afana por evitar una campaña proteccionista y antieuropea.

Cientos de empleados volvieron a manifestarse en la refinería de Lindsey, en North Lincolnshire (norte de Inglaterra), que la semana pasada fue el detonante de los paros que se han extendido en instalaciones similares del país en solidaridad con esos compañeros.

En apoyo de esa huelga, unos 600 personas secundaron un paro espontáneo en la central eléctrica de Langage, cerca de Plymouth (sur de Inglaterra), al tiempo que se emprendieron acciones similares en otras cuatro plantas energéticas del país.

Las movilizaciones, que ya han afectado a una veintena de instalaciones, estallaron después de que Total anunciase que la empresa italiana IREM se adjudicaba el contrato para construir una nueva unidad de procesado en Lindsey. Un centenar de italianos y portugueses trabajan actualmente en la planta, pero se espera que el próximo mes lleguen 300 obreros más, pues IREM quiere su propia fuerza laboral, integrada principalmente por mano de obra de esas dos nacionalidades.

Los trabajadores británicos han tildado de "escandaloso" la elección de empleados foráneos y han exigido al primer ministro británico, Gordon Brown, que cumpla su promesa hecha el pasado año de garantizar "empleos británicos para los trabajadores británicos".

El llamado Servicio de Arbitrio y Conciliación (Acas), convocado por el Gobierno para mediar en el conflicto, presidió hoy las negociaciones entre Total, IREM y los sindicatos, si bien no precisó cuánto pueden durar unas conversaciones que parecen complicadas.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Empresa, Peter Mandelson, abogó por no gastar energías en "la política de la xenofobia" para aprovecharlas mejor en la lucha contra la recesión económica.

Ante las acusaciones de xenofobia, Derek Dimpson, co-líder del sindicato Unite (el más grande de este país), respondió que "las acciones no oficiales que están teniendo lugar en todo el país no tienen que ver con raza o inmigración, sino con clase (social)". Las huelgas, explicó Dimpson, giran en torno a "empleadores que explotan a los trabajadores independientemente de su nacionalidad recortando los sueldos y condiciones que, con dificultades, se han ganado".

Entretanto, el diputado laborista John Mann echó más leña al fuego al proponer una moción parlamentaria "deplorando" la utilización de trabajadores foráneos en la refinería de Lindsey. La moción felicita a los sindicatos por "exponer esta explotación y la falta de igualdad de oportunidades para solicitar todos los trabajos".

Los sindicatos también sostienen que los obreros británicos han sido objeto de discriminación, al argumentar que se les ha negado la posibilidad de beneficiarse del contrato de IREM.

Tanto el Gobierno, opuesto a cualquier medida de tinte proteccionista en estos tiempos de desaceleración económica, como Total rechazan las acusaciones de discriminación e insisten en que no se ha incumplido la ley vigente.

A ese respecto, el sindicato GMB considera que los británicos llevan las de perder por la errónea interpretación de la Directiva de Trabajadores Desplazados de la Unión Europea (UE) de 1996 cuando se incorporó a la legislación del Reino Unido en 1999. "Tal y como se interpreta la ley ahora, es posible que compañías extranjeras rechacen emplear a nacionales británicos en proyectos ejecutados en el Reino Unido", señaló en un comunicado GMB, que representa a unos 600.000 trabajadores. Según ese sindicato, "el Gobierno británico debería pedir consejo al Parlamento de la UE para presionar a la Comisión Europea para corregir esa interpretación".

El secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos, John Monks, indicó, por su parte, que la disputa pone de manifiesto los problemas que surgen en la UE cuando trabajadores son empleados fuera de su país de origen. No obstante, el vicedirector general de la Confederación de la Industria Europea (CBI, patronal británica), John Cridland, defendió la conducta de Total y no creyó necesario cambiar la ley para proteger a los trabajadores británicos.