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Silencio, el otro legado del genocidio ruandés

  • La negación de la matanza de 1994 es un grave delito en el país, que castiga a quienes aseguran que los hechos no ocurrieron conforme al relato oficial

¿Quién derribó el avión del presidente ruandés Juvenal Habyarimana y desencadenó el genocidio del que ayer se cumplían 21 años? Responder de forma errónea a esta pregunta en Ruanda puede acarrear amenazas, la cárcel e incluso la muerte.

La negación del genocidio de 1994 es uno de los delitos más graves que se pueden cometer en Ruanda y castiga a quienes aseguran que los hechos no ocurrieron conforme al relato oficial: cerca de 800.000 tutsis y hutus moderados fueron asesinados en apenas cien días por hutus extremistas.

Los genocidas son considerados también responsables del asesinato del hutu Habyarimana, con la intención de evitar su acercamiento al Frente Patriótico Ruandés (RPF, en inglés), dominado por tutsis, y para encontrar una justificación al exterminio.

Pero la aeronave, cuyos restos adornan todavía los jardines de la residencia presidencial que ocupa el tutsi Paul Kagame desde hace 15 años, fue derribada en circunstancias que constituyen uno de los mayores misterios de la historia africana reciente.

Más allá de las medidas penales que castigan la negación del genocidio, su consecuencia cotidiana es el silencio: el de los ruandeses que no osan pronunciar en público las palabras "tutsi" o "hutu"; el de las autoridades que evitan entrevistas incómodas. Y el silencio impuesto a los medios de comunicación que cuestionan el discurso predominante. "El documental de la BBC os ha puesto las cosas muy difíciles", advierte un profesional de los medios de comunicación, tras detallar el listado de permisos necesarios para acceder a fuentes oficiales.

Sólo meses después de que Ruanda exhibiera ante el mundo los logros de la reconciliación en el vigésimo aniversario del genocidio, un documental de la televisión británica ponía en cuestión la versión oficial del detonante del holocausto.

El documental daba un giro revisionista a la historia de un país que ha concitado la admiración global por la gestión de la tragedia: el RPF -que entonces tenía a Kagame entre sus líderes- habría ordenado la muerte de Habyarimana y habría cometido graves abusos contra los hutus.

Inmediatamente, el Gobierno ruandés canceló el servicio de la BBC en kinyarwanda, la lengua vernácula, y con ello silenció "la que posiblemente era la voz más independiente" del país, indicó el director para África del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Tom Rhodes.

El cierre fue denunciado por el propio Consejo de Medios Ruandeses, pero eso no hizo recular a la comisión que investiga las implicaciones legales del documental, que acusó a la BBC de incitar al "odio" al negar el genocidio.

De hecho, el Gobierno ruandés no sólo estudia iniciar acciones penales contra la cadena británica, sino introducir el control estatal sobre los medios con la vista en las elecciones de 2017 y el referéndum que podría convocarse antes para votar la continuidad de Kagame. "Muchos periodistas creen que el documental está siendo utilizado para justificar la censura previa antes de las elecciones", apunta Rhodes.

Mientras la mayoría de periodistas ruandeses critican un documental que consideran "ofensivo", pocos reconocen las dificultades que encuentran para trabajar.

"Las autoridades ignoran las peticiones de información. También es difícil informar sobre cosas que afectan a gente que no tiene poder porque pueden ser arrestados", explicó Emma-Claudie Ntirenganya, miembro del Consejo de Medios de Ruanda.

O algo peor. Ingabire, un periodista ruandés fundador del crítico portal Inyenyeri News, fue tiroteado en diciembre de 2011 en un bar de los suburbios de Kampala, donde se había exiliado.

En Kigali, los ciudadanos enmudecen ante una grabadora; hay activistas que describen un país idílico sin un solo caso de violencia machista; los guías de los memoriales del genocidio reconocen que no pueden hablar con periodistas.

"Ruanda no es así", aseguró una asesora parlamentaria, sorprendida de que se vetara la entrada a varios periodistas que habían concertado una entrevista con diputadas sobre políticas de género. Y a continuación pidió a Efe que redacte una carta más -la tercera- precisando el objetivo de su reportaje.

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