Cuando Europa respiraba tranquila tras conocer el resultado del segundo referéndum en Irlanda, el pasado 2 de octubre, que desbloqueaba el Tratado de Lisboa, un nuevo obstáculo surgía en la República Checa, el único país que aún no ha completado el proceso de ratificación. Su presidente, el euroescéptico Vaclav Klaus, anunciaba que sólo firmaría el documento si su país quedaba fuera de las obligaciones de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Klaus quiere evitar que la protección a la propiedad y el derecho a una "compensación justa" (extremos recogidos en el Tratado) en caso de expulsión forzada sirvan para que los más de dos millones de alemanes de los Sudetes que fueron expulsados y expropiados tras la Segunda Guerra Mundial de la entonces Checoslovaquia, en base a un controvertido decreto Benes, interpongan denuncias contra Praga.

Para ello, Klaus exige que su país se acoja a la cláusula opting out (autoexclusión), una excepción que ya recibieron Polonia y el Reino Unido. No en vano, el mandatario checo anunció el viernes que la Presidencia sueca de turno de la UE le ofreció una propuesta que satisface sus necesidades.

"Si esta situación fuera susceptible de una revisión bajo el ángulo de los derechos fundamentales, que es lo que da miedo, en teoría, al Gobierno checo, ya se habría hecho, puesto que la República Checa es parte de la Convención de los Derechos del Hombre y del Consejo de Europa. Si hubiera un problema con respecto a los derechos fundamentales de los decretos Benes ya habrían llegado al Tribunal de Estrasburgo", asegura a este diario Francisco Fonseca, director de la representación en España de la Comisión Europea.

El mandatario, un ultraliberal que niega el calentamiento climático y presume de ser un "disidente" de la UE, considera que la carta de derechos humanos de la UE podría posibilitar denuncias ante tribunales internacionales y exigencias de devolución e indemnizaciones.

El primer ministro checo, Jan Fischer, reiteró que el Gobierno no comparte las preocupaciones de Klaus y dijo lamentar que el presidente no expusiera antes sus reparos. Las dos cámaras del Parlamento de Praga ya aprobaron el acuerdo en la primera mitad de 2009 con una mayoría constituyente. Fischer apuesta por una rápida ratificación del texto.

Klaus argumenta ahora que no puede firmar antes de que el Tribunal Constitucional checo se pronuncie, por segunda vez, el martes, sobre la legalidad del texto. Los 17 senadores que elevaron la nueva demanda son íntimos colaboradores del presidente.

Para que el Tratado pueda entrar en vigor requiere aún la firma de Klaus, que lleva años temiendo la pérdida de soberanía de su país a favor de la UE y, hasta ahora, ha hecho todo lo posible para ser el último en ratificar el Tratado.

En Bruselas ha causado malestar que Klaus hiciera públicas sus intenciones sólo pocos días antes de la cumbre de los días 29 y 30 tras mantener silencio durante meses y negarse a hablar por teléfono con el primer ministro sueco y presidente de turno de la UE, Fredrik Reinfeldt.

"No vamos a cambiar el Tratado de Lisboa", pese a "que no tengo ninguna duda de que el presidente Klaus seguirá inventando muchas dificultades", aseguró el ministro de Exteriores francés, Bernard Kouchner.

Gran admirador de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, Klaus es tan crítico con Europa como era ella y no duda en presentarse como un defensor de la "identidad nacional". "Siempre he considerado el Tratado una mala evolución de la UE que empeorará la posición de nuestro país, exponiéndolo a nuevos riesgos", declaró recientemente.

Nacido hace 68 años en Praga, Klaus obtuvo en 1963 un diploma de la Escuela Superior de Economía y fue uno de los pocos de entonces en hacer prácticas en el mundo capitalista, concretamente en Italia y EEUU. De 1971 a 1986 trabajó en el Banco Central y luego volvió al mundo universitario.

Casado con una economista de origen eslovaco, con la que tiene dos hijos, tras la Revolución de Terciopelo de 1989, Klaus fue uno de los artífices del paso a la economía de mercado, primero como titular de Finanzas y luego como primer ministro. Cuando cayó su Gobierno, pasó a presidir la Cámara de Diputados. Pronto se convirtió en el principal rival del jefe de Estado de entonces, Vaclav Havel, al que sucedió en 2003. Fue reelegido en 2008.

Fundador en 1991 del Partido Democrático Cívico (ODS), está considerado el padre espiritual de la derecha checa. En 2008 renunció a la presidencia honorífica del partido por considerar que se había vuelto demasiado centrista.

Muy provocador, reprocha a la UE su "déficit democrático", sus excesos burocráticos y sus regulaciones supranacionales, y se niega a izar la bandera azul con estrellas amarillas en el Castillo de Praga, sede de la Presidencia.

En cuanto al euro, promete que "no dejará de apoyar la existencia de la moneda checa mientras sea ventajoso para los ciudadanos checos".En su libro, Un planeta azul, no verde, denuncia "la histeria" de los ecologistas que, en su opinión, obstaculizan las libertades como hacían los comunistas. Y califica de "error trágico" las medidas de protección del clima adoptadas por Bruselas.

Si Klaus no firmara, algo que cada vez parece más improbable a tenor de los últimos movimientos, la Unión se encontraría ante una difícil tarea ya que, al seguir vigente Niza, tendría que reducir el número de comisarios y, a partir de noviembre, no todos los países contarían con un representante en la Comisión, y dejaría muy tocado a un Tratado destinado a mejorar la eficacia y el peso de la UE en el mundo.