En pleno proceso de reconstrucción de su imagen política con vistas a lanzar un nuevo asalto al Palacio del Elíseo en 2017, el ex presidente francés Nicolas Sarkozy recibió ayer un nuevo varapalo de la Justicia, que validó unas escuchas que le comprometen en un caso de corrupción.

El líder de la UMP, el partido de la oposición conservadora de Francia, contaba con deshacerse de una molesta instrucción sustentada en unas conversaciones telefónicas que mantuvo el año pasado con su abogado y que fueron pinchadas por los jueces que le investigaban por otro caso.

Pese a que varias asociaciones de letrados habían cuestionado la legitimidad de esas escuchas, el Tribunal de Apelación de París se mostró ayer categórico al admitirlas como prueba en una investigación por la que Sarkzoy declaró durante 15 horas el pasado 2 de julio en calidad de detenido, algo que nunca antes había sucedido a un ex jefe de Estado francés.

Al término de ese intenso interrogatorio, los jueces le imputaron por corrupción activa, tráfico de influencia y encubrimiento de violación del secreto profesional, basándose en esas escuchas.

El recurso de los abogados de Sarkozy para anularlas congeló la investigación, pero ahora pueden reanudarse pese a que los letrados anunciaron que recurrirán al Tribunal Supremo, una apelación que no es suspensiva.

En el horizonte de Sarkozy aparece así un posible juicio que le llevaría a sentarse en el banquillo de los acusados en un momento en el que el ex presidente está ultimando su maquinaria de guerra para tomarse en 2017 la revancha de la derrota sufrida contra François Hollande cinco años antes.

Tras haberse hecho con las riendas de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), el ex presidente logró una importante victoria en las departamentales de marzo, al quedar por delante del ultraderechista Frente Nacional (FN) que había ganado el año anterior las europeas.

Las encuestas hasta ahora le situaban como favorito para ser elegido candidato a las presidenciales de la UMP en las primarias que tiene previsto organizar el año próximo, por delante de destacadas figuras del partido como los ex primeros ministros Alain Juppé, su principal rival, y François Fillon.

Pero este revés judicial puede frenar su retorno al frente y beneficiar a los otros pretendientes para el cartel electoral de los conservadores en 2017. Sobre todo porque la figura de Sarkozy aparece en el disparadero de los jueces y no sale bien parada de las escuchas que ayer validó el tribunal.

Los magistrados pincharon su teléfono ante las sospechas de que Sarkozy pudo recibir financiación del régimen libio de Muamar el Gadafi durante la campaña que en 2007 le llevó al Elíseo, un caso sustentado en declaraciones de dignatarios del país africano.

Por casualidad, los jueces descubrieron conversaciones entre el ex presidente y su abogado Thierry Herzog, de las que se deducía que trataban de obtener, a través de un magistrado, información secreta de otro sumario, el que investigaba si la multimillonaria Liliane Bettencourt, heredera del imperio cosmético L'Oréal, financió ilegalmente su campaña de 2012.

Algunas de esas conversaciones aparecieron publicadas en la prensa y dejan entrever que Sarkozy estaba dispuesto a ayudar al juez Gilbert Azibert a obtener un puesto en Mónaco a cambio de que el magistrado influyera en una decisión del Supremo sobre el caso Bettencourt.