Se podría invocar para el caso aquello de cría cuervos, pero lo cierto es que el culebrón a cuenta del despido de los más estrechos colaboradores del director del Festival de Málaga de Cine Español, Carmelo Romero (entre ellos el que venía siendo segundo de a bordo, Antonio Luque) por una cuestión de pérdida de confianza motivada por el uso del Cine Albéniz para cuestiones extracinematográficas está trayendo cola. Si Damián Caneda anunció hace unos días que el Ayuntamiento recurrirá ante el juez la sentencia que obliga al Festival a readmitir a Luque en su puesto, ahora se muestra firme en su decisión de recurrir también las cláusulas del convenio colectivo del personal, por el que éste se incorporó en su momento con la categoría de fijo (no indefinido) sin necesidad de concurso público ni oposición, sino por designación personal. Caneda no dudó ayer en calificar de "error" el hecho de que el mismo Ayuntamiento firmara este convenio, cuando Diego Maldonado era concejal de Cultura y Salomón Castiel dirigía el certamen. Y afirmó que, por el perjuicio que supone "a todos los trabajadores, hasta incurrir en un caso flagrante de injusticia social", corresponde ahora tomar medidas.

Caneda insistió en que "si ese convenio se le coló en su día al Ayuntamiento, ahora hay que modificarlo hasta hacerlo justo. Para ello, recurriremos al juez con la confianza puesta en que nos dará la razón, porque una situación así atenta contra la igualdad de los trabajadores y podría ser incluso objeto de atención por parte del Tribunal Constitucional". Y añadió, aún con mayor vehemencia: "Por todas partes me dicen que situaciones así se viven en muchas empresas. Pues bien, yo digo que si eso es así, si se contrata a amigos a dedo y se les blinda de por vida con un sueldo de 4.000 euros, pues eso está mal y no se puede consentir, y menos en un momento tan delicado como el actual, en el que tantos trabajadores atraviesa una situación delicada". Sobre la posibilidad de que su decisión llegue a perjudicar al Ayuntamiento y a los predecesores que firmaron el convenio, Caneda negó tajantemente cualquier opción al respecto: "Si el Ayuntamiento enmienda algo que estaba mal, no puede salir perjudicado, sino al contrario. Aquí lo que interesa es el interés de la mayoría".

La respuesta de la oposición no se hizo esperar ayer. El grupo municipal socialista aseguró que "la polémica" sobre los blindajes de los contratos de los empleados del Festival de Cine de Málaga "vuelve a dejar en evidencia" la política de contratación que ha seguido en los últimos años el alcalde, Francisco de la Torre, "basada en la falta de transparencia y en la instauración de cláusulas abusivas". Por ello, el portavoz del PSOE Carlos Hernández Pezzi exigió a través de un comunicado responsabilidades políticas "por haber permitido esta situación, su prórroga en el tiempo, y tras varios responsables de Cultura, que hoy siguen formando parte del equipo de gobierno del PP a petición del propio alcalde". Hernández Pezzi anunció que solicitará un informe jurídico que "detalle el número de contratos existentes con blindaje en la empresa pública, los motivos que llevaron a ratificar el convenio colectivo que ampara esta situación, las posibles fórmulas con las que cuenta el Ayuntamiento para restaurar la legalidad y los costes para las arcas municipales". Por su parte, la portavoz de IU Toni Morillas calificó las declaraciones de Caneda de "muy graves" y recordó que su grupo viene pidiendo desde hace cuatro años información sobre la plantilla del Festival, de la que sólo ha recibido el nombre de los trabajadores.