A Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, le asiste la razón y la prudencia al declararse sólo "moderadamente satisfecho" con el fallo del Tribunal de Justicia de la UE respecto al canon digital aplicado en España. La sentencia contempla que la polémica tasa implementada a cualquier soporte informático susceptible de almacenar contenidos, sujetos o no a derechos de propiedad intelectual, "no es conforme con el Derecho de la Unión" precisamente por su carácter "indiscriminado", que penaliza el importe final del producto tanto si éste va a almacenar la obra cinematográfica de Ángeles González-Sinde como una resolución judicial o una tesis doctoral.

En este sentido, y aunque la decisión final corresponda a otro ámbito jurídico, excluye de pagar el gravamen a administraciones, empresas y profesionales, limitando la aplicación de la tasa, en exclusiva, a particulares.

"La mera capacidad de dichos equipos o aparatos para realizar copias basta para justificar la aplicación del canon por copia privada, siempre y cuando dichos equipos o aparatos se hayan puesto a disposición de personas físicas en condición de usuarios privados", reza una sentencia que, al margen de subrayar lo evidente -¿en concepto de qué tienen que pagar a las entidades de gestión de derechos de autor los tribunales, las universidades, los hospitales, los estudios de arquitectura, los de fotografía y un largo e interminable etcétera-, revela o bien la desconexión de las instancias jurídicas de la Union con la realidad digital cotidiana -¿qué faceta no ya profesional, sino personal y diaria, queda hoy al margen de los procesos digitalización?- o, lo que resulta más plausible, las mismas presiones ejercidas desde la industria del entretenimiento y el lobby de los derechos de autor para configurar, tanto aquí como en el resto de Europa, una suerte de legislación a la carta.

El canon por copia privada es un vestigio del mundo analógico, ya entonces injusto, pero hoy definitivamente convertido en algo mucho más grave: un auténtico dislate articulado para mantener en pie modelos de negocio que ya no se sostienen solos.

"La imposición de un canon a los elementos que intervienen en el desarrollo de la Sociedad de la Información representa una carga económica y fiscal injusta e indiscriminada, que encarece la adquisición del producto o el uso de las redes y se traduce en una mayor dificultad del usuario para aceder a los mismos". Lo apuntaba ya en 2006 la Comisión Asesora sobre la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, y lo hacía en plena tramitación de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, origen del presente despropósito. El Gobierno prestó entonces escasa atención a esa recomendación, tal como hoy lo hace frente a la previsible aprobación de la Ley Sinde.

No dirán, en cualquier caso, que no estaban avisados.