El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz interrogará hoy en calidad de detenidos al presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Teddy Bautista, y a otros dos directivos de esta entidad, el director general Enrique Loras y el director financiero Ricardo Azcoaga; los tres arrestados el viernes durante la Operación Saga, ejecutada por agentes de la Guardia Civil, quienes, tras pasar toda la noche y parte de la jornada de ayer en el madrileño Palacio de Longoria, sede central de la entidad, se incautaron de varias cajas con abundante documentación.

Fuentes de la Guardia Civil confirmaron que los tres citados directivos comparecerán hoy mismo ante el magistrado, en el juzgado central de Instrucción número 5 de Madrid, mientras que mañana les tocará el turno a los otros seis detenidos. Todos están acusados de un presunto desvío de fondos a través de un entramado de empresas vinculadas a la citada entidad de gestión de derechos de autor. Una vez tome declaración a Bautista, Loras y Azcoaga, Ruz decidirá, tras escuchar a la Fiscalía Anticorrupción y a las defensas, si cabe adoptar algún tipo de medida cautelar contra ellos, como el ingreso en prisión o el pago de una fianza.

Los nueve detenidos comenzaron la tarde de ayer a ser interrogados por la Guardia Civil en las dependencias a las que anoche fueron trasladados, en la comandancia de Tres Cantos y un cuartel de Las Rozas. Antes de empezar los interrogatorios, los agentes procedieron a leer a fondo los documentos intervenidos en los citados registros de la sede de la SGAE y también en otros inmuebles. Según fuentes de la SGAE, en esos registros, que se hicieron en presencia de las personas detenidas, los agentes se hicieron con una serie de facturas y practicaron copias de seguridad de "determinadas carpetas de determinados ordenadores".

Entre los seis detenidos que comparecerán mañana ante el juez destaca el director general de la filial digital de la SGAE -la Sociedad Digital de Autores y Editores (sDae)-, José Neri, a quien los investigadores sitúan como máximo responsable de la trama delictiva. Los otros cinco tienen relación con la empresa Microgénesis, vinculada a Neri y que, según su web, realiza trabajos de consultoría y tiene entre sus clientes a la propia SGAE. Son Antonia García y Elena Vázquez, esposa y cuñada de Neri, respectivamente, así como Eva García, Rafael Ramos y Celedonio Martín. Se les imputan por ahora delitos societarios y de apropiación indebida por haber creado una estructura societaria en torno a la SGAE que se habría lucrado de una beneficiosa relación económica con las entidades del denominado Grupo SGAE.

Después de que los últimos agentes de la Guardia Civil abandonaran pasada la medianoche -del viernes al sábado- la sede de la SGAE, cuyo minucioso registro se había iniciado a las once de la mañana de la jornada anterior, el Palacio de Longoria permanecía ayer cerrado a cal y canto, con la única presencia de dos vigilantes de seguridad privada y sin ningún tipo de precinto judicial.

La detención de Bautista llevó ayer a Izquierda Unida (IU) a reclamar que los derechos de autor sean gestionados por organismos públicos "realmente democráticos y transparentes". La secretaria federal de Comunicación Interna de IU, Amanda Meyer, anunció que, de confirmarse las imputaciones contra la cúpula de la SGAE, su partido pedirá responsabilidades a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, y a todos sus antecesores en los últimos 15 años por "dejación de funciones" al permitir la gestión de los derechos de autor a un organismo privado.

El iniciado el pasado viernes es el problema más espinoso en la trayectoria de Bautista al frente de la SGAE, donde lleva 34 años, 16 de los cuales como presidente. En un informe del año pasado, el Tribunal de la Competencia alertaba de la "falta de transparencia" de esta entidad, y criticaba su manera de gestionar el "monopolio" de los derechos de autor. Un año antes, Javier de la Cueva, abogado experto en propiedad intelectual, aseguró que la SGAE carecía "de transparencia y control por parte del Estado" y ponía en duda la "democracia interna" de esta institución. Hace unos meses, el propio comité de empresa de la SGAE pidió a González-Sinde "auditorías externas e independientes" ante lo que ellos describían como "la alarmante situación" de "deterioro" de la entidad. Y tras numerosas denuncias de este tipo, y con una verdadera montaña de protestas por las a veces extrañas y en cualquier caso polémicas prácticas recaudatorias de la entidad, el escándalo finalmente estalló.