Sede de Abengoa, en el campus de Palmas Altas, en Sevilla.

Sede de Abengoa, en el campus de Palmas Altas, en Sevilla. / Juan Carlos Vázquez

Terminó el año 2020 y Abengoa no ejecutó el rescate que está anunciado desde el 6 de agosto y que, según las cláusulas del contrato, decaía el 6 de diciembre. Y la empresa sevillana fundada en 1941 vive, a punto de cumplir 80 años, en el filo de la navaja: de un lado pactar un salvamento (probablemente distinto) o liquidar el grupo al completo, porque no se ha producido la ruptura societaria que se perseguía, dejando a la matriz hueca –sin activos ni negocio– y poniendo al frente del grupo a la filial operativa, Abenewco 1.

El nuevo consejo de la matriz, elegido por los accionistas minoritarios, agrupados como el propietario de referencia del grupo, pero que se ha alineado con la dirección destituida en noviembre y con los acreedores, aseguró el pasado 23 de diciembre en una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que si no se ejecutaba ese rescate, el futuro que esperaba a la multinacional andaluza era la liquidación.

El propio presidente de Abengoa, Juan Pablo López-Bravo, ha reconocido en esa información privilegiada, que no han firmado ninguno de los consejeros y que ha sido elaborada por la dirección de la compañía, que sigue bajo el mando de Gonzalo Urquijo, que si llegaba el 31 de diciembre sin que se materializase el rescate, que presentan como única alternativa de viabilidad, tendría que liquidarse el grupo.

Esa premisa se ha dado. Y el consejo tendrá que decidir si cumple lo dicho o es otra de las amenazas de quiebra que ha hecho Urquijo y su equipo en el último semestre.

En las últimas horas del año, la dirección de Abenewco 1 presionó a través de informaciones en medios económicos madrileños para que el Gobierno autorizase la operación de rescate, aunque sustituyendo los 20 millones que la Junta de Andalucía se ha negado a poner por un aumento de la deuda con el Banco Santander, que lidera el pool bancario de acreedores. La presión, como la hecha a la Junta durante meses, no surtió ningún efecto.

La oferta de inyectar capital de Clemente Fernández reduce en 20 millones la deuda

Pero al mismo tiempo los accionistas han planteado una alternativa real e inclusiva, propuesta por su nuevo candidato a presidir la empresa, Clemente Fernández. Consiste en realizar una ampliación de capital en Abenewco 1 con derecho preferente para los accionistas de la matriz, que inyectarían 22 millones que no aumentarían la deuda y que podrían permitir realizar un salvamento que no supusiese la liquidación de la matriz ni la perdida de todos los derechos de los propietarios de la cotizada y su grupo y de los acreedores comerciales, a los que Abengoa SA aún adeuda 153 millones de euros.

No es la única alternativa. En verano, desde la dirección de Abengoa se defendía que la necesidad de liquidez del grupo no permitía acudir al fondo de rescate de la SEPI. Pero en enero ese argumento está desfasado.

El Gobierno, por tanto, tiene un papel protagonista para decidir si mantiene su negativa a no participar en el rescate si no aporta también la Junta de Andalucía, o si acepta que ese dinero lo ponga la banca (lo que empeora la situación financiera) o el accionariado, a cambio de tener un 38,75% de la filial operativa. Su postura será muy relevante también para que los acreedores acepten negociar una alternativa distinta a la que rompe el grupo. De la posición de ambos depende que el futuro de Abengoa caiga del lado del salvamento o de la liquidación.

Mientras habrá que resolver también el futuro interno en la compañía. Qué ocurre con el consejo que traicionó a los accionistas e incluso con Urquijo y su equipo. Los minoritarios ya han pedido una nueva junta extraordinaria para destituir a quienes les han dado la espalda y están cerca de comunicar que su sindicato de accionistas controla ya el 15% del capital. El tiempo apremia para despejar en qué lado de la navaja está el futuro de Abengoa.

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