Las medidas gubernamentales de limitación de las libertades individuales son necesarias en caso de amenaza grave para las cosas comunes, o sea, para la seguridad y la economía de un territorio, pero también para la seguridad y el bienestar de los ciudadanos considerados uno a uno. La forma en la que cada Gobierno ha atacado la crisis pandémica aún en curso es un asunto sobre el que cabe discrepar, y de hecho en España y en el resto de países atacados por el Covid-19 ha habido y hay diferencias de criterio entre grupos de la población. Recuerden el lema ¡Libertad!¡Libertad! con el que mucha gente ha expresado su rechazo a las limitaciones del estado de alarma y el confinamiento obligado por las autoridades, o las dudas sobre la utilidad del uso obligado de mascarillas. Boris Johnson, premier británico, ha fulminado de un día para otro el turismo de sus compatriotas con destino a España, valga como ejemplo de decisión ejecutiva nacional, con efectos destructivos sobre una de las principales industrias de nuestro país, las vacaciones de extranjeros, el turismo. El sector más heterogéneo y vulnerable frente a una peste, y apostemos a que es el que mejor resucitará. No se noquea a un campeón tan rápido.

Cabe establecer un paralelismo entre los programas gubernamentales orientados a prevenir el contagio en tanto no se disponga de vacuna eficaz -veremos cómo y a quién se vacuna- con la prevención del uso compulsivo del teléfono, particularmente grave en el caso de usuarios infantes y adolescentes. Los efectos de ese vicio son una suerte de pandemia, y condicionan la libertad de los pequeños y su condición de individuos libres del futuro. La dependencia se manifiesta no sólo en su uso, sino sobre todo en la abstinencia del móvil, el juego, el alcohol o el sexo. Amenazar con retirarle el móvil a un hijo es un clásico ya, y un clásico educativo de carácter perdedor.

La Comunidad de Madrid (y antes la de Galicia y Castilla-La Mancha, o Francia) van a prohibir que el curso próximo -ese melón por calar- se tenga el móvil en colegios públicos, incluidos los concertados. Es sensato, qué duda cabe, y necesario para parar esa otra pandemia silente del enganche al celular hiperconectado. Pero a ver quién mata esa rata de unos chavales enmonados al llegar a casa, locos por conectarse, con los deberes, otras actividades formativas y la propia vida familiar por delante desde después del almuerzo. La prohibición de llevar el móvil al cole debería ser uniforme en todos los centros del país. Y así será. Como buenos adictos, los niños y jóvenes aceptarán a la postre que en la escuela no se chatea ni se conecta uno a internet, salvo para propósitos formativos. Sabiendo que, de vuelta al hogar, los móviles van a echar humo. El bumerán de la interconexión infinita golpeará a las familias. Que cada palo se aguante su vela. Los gobernantes hacen sus deberes.

Debemos abandonar ese complejo que mueve a rechazar cualquier prohibición (nuevos ricos de la libertad somos). Todavía hay quien te cruza las largas en la carretera para advertirte de que te vas a encontrar a la Guardia Civil de Tráfico. Cuando esta pandemia se supere definitivamente, la pandemia del móvil seguirá vigente. Los cerebros tan plásticos de los niños se han habituado sin remedio al universo artificial de internet a tiro de móvil (no sólo sus cerebros, por supuesto, los talludos hemos hocicado igualmente). Lamentarse no vale de nada. Toca limitar la dependencia inducida por el comercio y el tráfico de datos sobre los menores, y hace bien Madrid en erradicar el móvil de las aulas y los patios de recreo. La pelota está en el campo de los hogares. Uf.