Vivienda, ocupación y marginación

La vivienda se afianza como tema central de campaña y es previsible que se mantenga en las generales de final de año. Es lógico. Acceder a una vivienda se ha convertido en misión imposible para jóvenes que aspiran a independizarse, a desplazarse para estudiar o encontrar oportunidades de empleo y hasta para trabajadores que han de dedicar más de la mitad de lo que ganan al pago del alquiler. Todo esto, sin embargo, no es más que parte de un problema con otras muchas aristas y entre ellas las que tienen que ver con la marginación social.

Por marginación o exclusión social podemos entender la imposibilidad de disfrutar de un nivel básico de bienestar, definido en términos de educación, sanidad, empleo, seguridad, … y vivienda. La okupación de viviendas es una extensión de la marginación social a entornos urbanos convencionales, defendida por grupos de izquierda radical y de la que se lucran las mafias organizadas. Los propietarios son una nueva categoría de víctima directa del proceso, cuyo desamparo no les exime del pago de impuestos, ni de costear el consumo de agua y electricidad de los okupas, aunque el perjuicio indirecto alcanza al conjunto de la comunidad de vecinos, a barriadas completas e incluso a poblaciones sometidas a la actitud agresiva y violenta de los delincuentes. Paralelamente, en aproximadamente la mitad del territorio nacional se vive un doloroso proceso de despoblamiento que también afecta al bienestar de los vecinos que resisten, pese al cierre de escuelas, oficinas bancarias o de correos, etc.

La dimensión social del problema de la vivienda en España tiene estas aristas principales y la nueva ley de vivienda aprobada por el gobierno y sus anuncios de campaña no solo las ignora, sino que contribuye a agravarlas. La nueva ley entiende que mejora la regulación del desahucio obligando a comunicar el momento exacto en que tendrá lugar y exigiendo al propietario acreditar si la vivienda okupada es la habitual o no de los okupas. Es una de las partes más estrafalarias de la norma, porque es difícil imaginar cómo hacerlo, aunque también, en el caso de los grandes propietarios, la de acompañar la denuncia de okupación de un certificado sobre el grado de vulnerabilidad de los okupantes. En el caso de desahucio por impago del alquiler, también están obligados a la búsqueda de alternativas de alojamiento social con las administraciones públicas, en el caso de familias vulnerables, que son aquellas en las que el arrendamiento supere el 30% de los ingresos familiares.

En todo caso, la nueva ley alarga el plazo de ejecución de sentencias de desalojo porque se dispondrá de más tiempo para encontrar alternativas de alojamiento en vivienda social. Absurdo, porque son alojamientos que, al menos en este momento, no existen. No es la única norma elaborada por este gobierno sobre la base de diagnósticos equivocados. En este caso, la sobreprotección del okupa traslada el problema de la exclusión económica y social al mercado de la vivienda, al que deja malherido porque desincentiva el cumplimiento de contratos, pero sin resolver un grave problema de marginación, solo superado en Grecia, Rumanía y Bulgaria dentro de la UE.