Análisis

Joaquín Aurioles

La agenda de reformas estructurales

Antes del coronavirus el clima económico destacaba por la pérdida de vigor en el crecimiento y el empleo y las agendas políticas estaban marcadas por las movilizaciones del sector agrario y las negociaciones sobre los apoyos para sacar adelante los presupuestos, con sus implicaciones tributarias y laborales. A medio y largo plazo seguían preocupando los desequilibrios financieros fundamentales: pensiones, endeudamiento público y finanzas autonómicas. Otros temas de naturaleza no estrictamente económica, aunque tampoco ajenos (modelo territorial, migraciones, medioambiente, etc.), también condicionaban las agendas, pero todo ello se vio trastocado por la pandemia.

La nueva normalidad nos devuelve a una realidad diferente. Algunos elementos son novedosos y los que ya figuraban en las viejas agendas se han agravado de forma colosal. La emergencia ha obligado a intervenir en diferentes frentes (alquileres, desahucios, hipotecas, cotizaciones de autónomos, etc.) pero sobre todo en el auxilio de las empresas viables con problemas de liquidez (avales ICO), del espeluznante panorama del desempleo (ERTE) y ante la situación de extrema necesidad de los más vulnerables frente a la pandemia (ingreso Mínimo Vital, IMV).

Tres meses después conviene revisar la situación con espíritu constructivo porque el último tramo de avales (15.500 millones de euros) pondrá fin a un programa al que convendría buscar sustituto, así como a los ERTE, tal y como reclaman empresarios y sindicatos. Igualmente sería conveniente revisar la normativa del IMV, no solo para adaptarlo a la situación de la pobreza en España como problema estructural, es decir, al margen del Covid-19, sino también para corregir algunos aspectos mejorables en su diseño.

Por otro lado están los viejos problemas y sus nuevas formas tras la pandemia. Entre ellos el déficit y el endeudamiento público, que podrían situarse por encima del 10% y del 115% del PIB, y lo aprendido sobre el estrecho margen de maniobra de los países muy endeudados, como España o Italia, para afrontar situaciones de crisis. En este escenario hay que situar a las ayudas europeas y sus exigencias reformistas (últimamente se intenta evitar la palabra condicionalidad, dada la amarga experiencia de anteriores rescates), todavía por definir, pero que presumiblemente se centrarán en la recuperación de la disciplina fiscal, cuando sea posible; la prioridad absoluta a la creación de empleo, lo que supondrá un rechazo frontal a la pretensión de derogación completa de la reforma laboral del PP; y desactivar las amenazas sobre el sistema de pensiones, lo que probablemente garantiza un capítulo de fuerte tensión política en torno a su actualización según el IPC y sobre el rechazo a la implantación del factor de sostenibilidad introducido en la reforma de 2013, que tendría que haber entrado en vigor el pasado año y que de momento está pospuesto hasta 2023.

Si las exigencias europeas no fuesen mucho más allá de lo indicado, los seis grandes pactos propuestos por la vicepresidenta Calviño a la mesa de reconstrucción deberían conseguir la conformidad de la UE para activar el programa de ayudas.

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