La polarización no solo no se detiene ante la las razones económicas, sino que alcanza de lleno a la política económica. Especialmente a las que tienen que ver con la regulación de mercados, como el de los alquileres, en pleno auge cuando todavía no se han apagado los rescoldos de la batalla por el mercado de la electricidad.

Los extremos siempre levantan las banderas de la confianza plena o nula en el mercado. En el lado de la confianza en la autorregulación se sitúan los que rechazan una injerencia excesiva del estado en sus asuntos. Entre sus principales baluartes, la libertad para decidir y el respeto al derecho de propiedad, alegando, con razón, que la actividad reguladora del estado, no solo en nuestro país, sino en todas partes, está plagada de errores cuyas consecuencias han de soportar los perjudicados porque las responsabilidades políticas en pocas ocasiones se asumen. Suelen olvidar, en cambio, que los fallos de mercado también son abundantes y con consecuencias que acostumbran a distribuirse entre los afectados según la fortaleza o debilidad de cada cual.

En el extremo de la desconfianza absoluta en el mercado están los que prefieren intervenir mediante la fijación de los límites (precio máximo, en el caso de los alquileres) dentro de los cuales los particulares pueden decidir. Los fallos hacen del mercado el terreno propicio para el abuso de los más poderosos sobre los débiles, en cuya defensa ha de acudir el estado dictando las leyes oportunas. Coacción frente a libertad, esgrimen sus adversarios, que denuncian inclinaciones autoritarias y represivas en los gobiernos con tendencia al abuso de regulación.

Ideologías indisimuladas están presentes en las dos posiciones, según la prevalencia entre el individuo y lo colectivo, aunque entre ambas existe una variada gama de posibilidades. Son los modelos de economía mixta, que también cubren un amplio espectro ideológico entre la socialdemocracia y el liberalismo moderado, cuyas recetas mezclan normas e incentivos en diferentes proporciones, según sensibilidades frente a los fallos de regulación y de mercado. Dentro de este contexto se aprecia de un tiempo a esta parte una acusada polarización de las preferencias que a veces se interpreta como un trastorno, en el sentido de indisposición transitoria, de la democracia.

El auge de los radicalismos y la polarización política podría ser el resultado, por un lado, de la prolongada situación de confusión en que vive buena parte de la sociedad desde la crisis financiera de 2008 y, por otro, de las favorables condiciones creadas para el arraigo de los populismos. La demanda de cambios es un activo político en ascenso, frente al continuismo, que estimula el victimismo y la agrupación. La dinámica del grupo eleva la ilusión de la unanimidad, que tiende a sobrevalorar la importancia de los acuerdos sin fisuras. Cualquier contacto con ideas ajenas a la doctrina debilita la cohesión y debe ser rechazada. En este proceso se reduce el espacio para la razón y ganan los populismos, a los que les basta con resultar convincentes. El resultado es la polarización de las sensibilidades y la crispación social.