Análisis

Joaquín Aurioles

El coste electoral de la pandemia

La gran cita electoral en ciernes es la norteamericana y el primer efecto esperado de la pandemia es la abstención por miedo al contagio, que favorecería la opción de Trump, frente al voto por correo que beneficiaría a Biden. Los republicanos confían en que la gestión de la economía pueda compensar la desastrosa imagen de la gestión sanitaria, aunque ni los indicios de recuperación son tan evidentes, ni los datos de paro (50 millones de solicitantes de seguro de desempleo) dan credibilidad a sus políticas antiinmigración como forma de proteger el empleo de los norteamericanos. También las élites intelectuales y científicas se posicionan abiertamente en contra de la gestión gubernamental de la pandemia. Entre ellas, Scientific American, una de las revistas más prestigiosas del ramo que, por primera vez en 175 años de historia, advierte de los perjuicios de votar por Trump.

En España, la coincidencia con final del confinamiento y la mejoría en los datos de contagio pueden haber contribuido al respaldo electoral a los gobiernos en Galicia y País Vasco, pero las encuestas de la época señalaban, para sorpresa de muchos, que el desgaste del Gobierno había sido mínimo, pese al caos en la gestión de la crisis sanitaria por parte del mando único.

La presencia de personal uniformado, además del recurso al lenguaje militar, dieron a las ruedas de prensa durante el estado de alarma la apariencia de partes de guerra y es probable que también hayan contribuido a realzar la imagen del Gobierno como último defensor del interés general. Sobre todo, a raíz de la incapacidad de la UE, que no del BCE, para ofrecer directrices comunes de lucha contra la enfermedad o protocolos de movilidad.

Pero si las crisis sanitarias y de seguridad tienden a reforzar la aceptación de los gobiernos, las económicas suelen provocar rechazo. El desencuentro entre los miembros de la Unión Europea para ayudar a la recuperación de los más golpeados por la pandemia también contribuyó a potenciar la imagen del estado-protector, hasta que el acuerdo final por el que España podrá recibir ayudas por importe global de 740.000 millones de euros puso de nuevo en evidencia las dificultades del gobierno para afrontar el reto con sus propios medios. Europa se convirtió de repente en el último bastión defensivo contra la devastación económica y social, aunque con tres frentes todavía, al menos, por superar.

El primero es la disponibilidad de un banco de proyectos lo suficientemente amplio y capaz de superar los controles comunitarios de elegibilidad. Para ello habrá que contar, pese a no ser la opción preferida por todo el Gobierno, con el sector privado y las grandes empresas. El segundo frente es el de la financiación de proyectos públicos de inversión que, al menos en un 20%, deberá ser cubierto con los recursos propios de las administraciones implicadas. El tercer frente es el autonómico. Hasta ahora las espadas han estado envainadas, pero también engrasadas, a la espera de ver hasta donde el gobierno está dispuesto a dejarse apretar por sus socios de investidura, tanto en el reparto territorial de las ayudas, como en el futuro modelo de financiación autonómica.

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