Análisis

Joaquín Aurioles

La intervención de los precios

Los economistas sabemos que la fijación administrativa de un precio máximo inferior al del mercado provoca escasez y favorece la aparición de mercados paralelos (mercado negro o contrabando). El efecto es similar a la prohibición. Quiénes en ellos operan persiguen aprovecharse de una demanda desabastecida para forrarse, como hace un siglo ocurriese con la ley seca norteamericana y sigue ocurriendo con la droga. Cuando se impone un precio mínimo por encima del que establecería el mercado, el efecto es el contrario, pese a lo cual, apreciamos en este gobierno una inclinación desmedida al control administrativo de los precios, cuando los del mercado resultan excesivos o insuficientes.

En el caso de algunos productos agrarios la tentación (prohibida por ley) era fijar precios mínimos con el fin de garantizar la rentabilidad de las explotaciones. Algo parecido a lo de los transportistas, cuando se movilizaron por motivos similares a agricultores y ganaderos. Algo debe haber cambiado, no obstante, porque lo que ahora propone la vicepresidenta segunda es fijar precios máximos, lo contrario que hace un año, a determinados productos básicos, la mayoría de ellos alimentos, pero como resultado de un pacto entre los distribuidores y que sean estos los que asuman el coste. La vicepresidenta piensa en las grandes cadenas de distribución, pero obviamente la propuesta también afecta a panaderías, fruterías, carnicerías, pescaderías, etc. En definitiva, al comercio tradicional de barrio, que, si las grandes cadenas aceptan la propuesta, podría verse inmerso en una dinámica insoportable de competencia. Recordemos que hace un año se decidió perseguir la práctica de vender a pérdidas en grandes superficies.

Puede que cuando la vicepresidenta insiste en la vía del acuerdo entre grandes distribuidoras no sea consciente del espinoso terreno por el que se adentra.

La intervención administrativa de los mercados suele tener consecuencias adversas, pero en algunos casos está justificada. En concreto, cuando el resultado que proporciona el mercado difiere sensiblemente de lo que se conoce como óptimo social y suele ocurrir cuando se distorsiona la competencia. Por ejemplo, con los monopolios y los oligopolios, donde participan grandes empresas que aprovechan su gran poder de mercado para perseguir beneficios extraordinarios, aunque se perjudique al consumidor.

Eléctricas, petroleras, bancos, cadenas de televisión, etc. operan en mercados oligopolistas. También las grandes superficies de distribución y todas están sometidas a la tentación de evitar la competencia. Una forma de hacerlo es poniéndose de acuerdo en la fijación de precios. Se llama colusión y es una práctica perseguida por los reguladores públicos, de la que existen casos muy conocidos por las elevadas sanciones que suelen conllevar. La propuesta de acuerdo entre oligopolistas para topar el precio de algunos productos es una invitación a prácticas colusivas, cuyas consecuencias pueden ser fatales para el comercio tradicional. En este caso se trata de una propuesta, pero hay otros casos recientes de intervención imprudente de mercados que intentaremos analizar en esta misma columna.

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