El Supremo ya ha fijado fecha para la vista previa del juicio por el 1 de octubre, el Consejo de Ministros será en Barcelona el 21 aunque no le guste a José Luis Ábalos, La Moncloa amenaza con aplicar la Ley de Seguridad Nacional si los Mossos no garantizan el orden cuando se celebre el Consejo, y Torra, en cuanto ha oído el 155 o que la Policía Nacional intervendría ante el vandalismo de los CDR, ha dicho que la Policía catalana actuó contra ellos como era su obligación. Miente, como es habitual.

Todo se precipita, y habrá que estar atentos hoy a la intervención de Pedro Sánchez en el Congreso, en la que expondrá su punto de vista sobre Cataluña, cuáles son sus intenciones ante la subversión, si se plantea o no que las competencias de los Mossos sean asumidas por Policía y Guardia Civil, y si contempla el indulto a los políticos en prisión y que calculan las horas que les quedan para comparecer ante un tribunal. El presidente se ha escaqueado y no se ha definido respecto a un posible indulto, y algo tendría que aclarar en el Congreso. Con la que está cayendo los españoles tienen derecho a saber cuáles son los límites que se pone para, en caso de ser rebasados, aplicar el 155, la Ley de Seguridad Ciudadana, suspender la autonomía, indultar a los políticos para intentar una nueva línea de diálogo con interlocutores no contaminados por Puigdemont, o asumir sólo algunas competencias autonómicas para garantizar el orden y neutralizar las maniobras independentistas para sumar adeptos; por ejemplo, a través de la educación.

En apenas seis meses, Sánchez ha constatado algo que no comprendía como líder de la oposición: con estos independentistas es imposible dialogar. Su cerrilismo y su aversión a todo lo español es visceral. Con otros... quién sabe. En el entorno de Sánchez hay quien cree que con Junqueras sería más fácil. Puede. También lo creyó Sáenz de Santamaría y así le fue: sus rivales en el PP usaron esa arma para descalificarla y hacerle perder las primarias.