MIENTRAS la corrupción se consolida en la percepción ciudadana como uno de los problemas más graves de la sociedad española, y el último barómetro del CIS lo refleja sobradamente, el Gobierno se dispone a aprobar hoy parte de las medidas que están pendientes para afrontarla. En concreto, el Consejo de Ministros aprobará su proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la que se pretende, entre otras cosas, limitar el tiempo de instrucción de los sumarios judiciales a seis meses, prorrogables a dieciocho sólo en los casos especialmente complejos. Esta medida trata de impedir que los casos se eternicen, como viene ocurriendo con el de la trama Gürtel o el de los ERE andaluces, con consecuencias negativas desde todos los puntos de vista: se mantiene durante muchos años la inculpación de personas que pueden resultar inocentes cuando sean juzgadas y, al mismo tiempo, puede haber delitos que prescriban antes de ser enjuiciados. Cualquiera de las dos posibilidades atenta contra la seguridad jurídica y ratifica el dicho de que la Justicia tardía es menos Justicia. El proyecto gubernamental incide, pues, en la necesaria agilización de los procedimientos, aunque es evidente que sólo constituye un instrumento parcial en la lucha contra la corrupción, que tendría que ser objeto de un plan consensuado entre todas las fuerzas políticas para garantizar su solvencia y su eficacia independientemente de los vaivenes de gobierno y oposición. Reglas pactadas para todos, esa es la mejor receta. A este respecto, los partidos parlamentarios están llamados a hacer causa común contra los comportamientos corruptos, empezando por los que se producen en sus propias filas, y habrían de estar atentos a los planteamientos de quienes, por su propia función y experiencia, ofrecen propuestas que intentan dotar a las instituciones de mejores instrumentos de represión de las conductas delictivas vinculadas a la corrupción política. Es el caso de los jueces. Los decanos de los jueces de toda España, reunidos en Valencia, acaban de presentar un conjunto de iniciativas que merecen consideración y debate. Entre ellas el aumento de las penas para determinados delitos de corrupción, la ampliación de los plazos para que se declaren prescritos, la introducción en el Código Penal de nuevas figuras delictivas como el enriquecimiento ilícito y la financiación ilegal de los partidos y la limitación de los indultos. La Política está directamente emplazada a responder con seriedad y rigor a la exigencia perentoria de la sociedad que no soporta más la corrupción rampante instalada en la vida pública en pleno apogeo del desempleo, la austeridad y la desigualdad social.