En los discursos sobre política autonómica siempre existen resortes efectistas que ningún dirigente se resiste a olvidar. Uno es el elogio, aunque sea desmesurado, al paisaje y paisanaje del territorio, que siempre es bien recibido, refuerza los elementos identitarios y pretende establecer una corriente de simpatía entre los dirigentes y la ciudadanía. El otro es la denuncia de discriminación y abandono de la propia tierra para tratar así de despertar la conciencia de una inadmisible injusticia y, de paso, justificar carencias y dificultades de la propia gestión. Este segundo elemento, el agravio comparativo, se utiliza con mayor soltura cuando los responsables de la administración denunciada son de distinto color político que los de la institución que denuncia. Esto, hay que reconocerlo, pasó siempre y me temo que siempre pasará.

El problema llega cuando este aspecto reivindicativo se convierte en una peligrosa obsesión y toda decisión o actividad busca una justificación en este mecanismo de persecución política. Este es el nuevo camino que ha descubierto el Gobierno de la Junta de Andalucía desde que recibiera del Ministerio de Hacienda la limitación a proseguir su nivel de endeudamiento mientras no vuelva a la senda del equilibrio presupuestario. Tema, como se ve, bastante árido y escasamente atractivo como para entusiasmar a las masas, pero que bien administrado, piensan, puede tener un recorrido político muy rentable. Dicho y hecho. Faltó tiempo para hablar de intervención, de la aplicación del artículo 155 económico o de la venganza socialista por los ERE y la pérdida electoral. De nada sirve que, como dicen algunos miembros del propio gobierno, tal intervención no exista o que en esa misma situación se encuentran otras autonomías; lo importante es buscar rédito político a este nuevo discurso reivindicativo. Este criterio, en su máxima explotación mediática, llevó a los parlamentarios que apoyan al gobierno andaluz a lucir unos lacitos verdiblancos en la solapa que, paradójicamente, parecían un mero remedo de otros lazos, de otros colores y de otro Parlamento. Pero no toda campaña, por bien orquestada que esté, logra los fines que pretende. Y esta nueva faceta del agravio comparativo no evitará que en algún momento el actual gobierno andaluz tenga que centrar su discurso en su propia gestión, sin más aditamentos. Espero.