LA transición entre 2011 y 2012 ha estado marcada en el ámbito de lo público por las medidas para la reducción del déficit público en España. En el último Consejo de Ministros del pasado año el Gobierno de Rajoy sorprendió con un plan de ajuste mucho más intenso del previsto (más de 15.000 millones de euros entre aumento de impuestos y recortes en el gasto público). La necesidad del ajuste es incuestionable, pues el compromiso de reducir el déficit público al 4,4% del PIB en 2012 exigía un recorte adicional en este año de 16.000 millones euros y, dado que el déficit definitivo de 2011 superará en algo más de dos puntos el objetivo del 6%, la reducción del desajuste fiscal se puede elevar a 38.000 millones de euros. Por tanto, en estricta lógica económica no es discutible la oportunidad de las medidas de reducción del déficit adoptadas en el referido Consejo de Ministros, como tampoco lo son las medidas concretas que se adoptaron para reducirlo, aunque tanto el aumento de impuestos como los recortes en el gasto público limitarán la capacidad de crecimiento de la economía española y, por tanto, del empleo.

Lo que sorprende a los ingenuos es que cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero se vio forzado en mayo de 2010 a realizar un ajuste semejante, el Partido Popular se opusiese a la aprobación del paquete de medidas correspondiente, como sorprende también que el PP en la oposición se opusiese al aumento de impuestos e iniciase su Gobierno con un aumento notable en las tarifas del IRPF y del IBI, justificándolo en el descubrimiento de un déficit superior al esperado tras una transición de gobierno calificada por todos de ejemplar, o que el frontispicio de su programa electoral fuese la creación de empleo, que ahora se aplaza a la más urgente reducción del déficit. Y no menos sorprendente es que el PSOE ahora en la oposición se escandalice de unos ajustes semejantes a los que hubiese tenido que hacer si hubiese ganado las últimas elecciones generales. Y es que la antipática economía impone su racionalidad y su lógica independientemente de los discursos políticos: si queremos la confianza de nuestros socios y de los mercados tenemos que cumplir los compromisos de reducción del déficit al 3% en 2013, de lo contrario se elevará nuestra prima de riesgo, no tendremos el apoyo del Banco Central Europeo y la imprescindible refinanciación de nuestra deuda será inviable, por lo que nuestro país caería en la bancarrota.

La política tiene otra lógica, al aparecer tan imprecisa que incluyen las medias verdades o, simplemente, las mentiras. Se puede decir una cosa en la oposición y otra cuando se tiene responsabilidad de gobierno que, una vez se sale de él, se puede volver a descalificar lo que hasta unas semanas antes se contemplaba como imprescindible... Obviamente no es a estos comportamientos a lo que se refieren algunos políticos en ejercicio cuando enfatizan "la superioridad moral de la política sobre la economía".

Después del impacto del primer paquete de medidas para la reducción del déficit, el ministro Montoro adelantó que en el Consejo de Ministros del día 5 se seguirían tomando medidas de ajuste, pero los acuerdos adoptados, aun razonables, como el anuncio de un nuevo plan de lucha contra el fraude o la supresión de organismos públicos, son sólo proyectos sin mucha concreción y se siguen posponiendo los ajustes más significativos hasta finales de marzo, por lo que los mercados han respondido puntualmente elevando la prima de riesgo y con una fuerte caída de la bolsa.

La lógica económica marca su ley, pero hay espacio para la política, para una política razonable y previsible que refuerce la confianza de los mercados y de las instituciones internacionales en nuestra economía, para lo que ayudaría que el presidente del Gobierno presentase un completo y preciso programa de ajustes que asegurase el cumplimiento de nuestros compromisos fiscales, y también de reformas estructurales que propiciasen la mejora de la competitividad. Y aún más, que la habilidad política consiguiese resolver la contradicción de los mercados, que por una parte demandan ajustes y por otra capacidad de crecimiento, lo que podría aproximarse negociando con Merkel (y con la colaboración de otros muchos gobiernos europeos interesados) el alargamiento de los plazos de reducción del déficit u otra política de moderado estímulo de la demanda, a la vez que se asegura el compromiso de la continuidad de las reformas pendientes. Un paquete completo de ajustes, de reformas estructurales, pero también de perspectivas de crecimiento tendría mayor comprensión ciudadana y aplacaría los conflictos sociales que se atisban en el horizonte a pesar de la recién adquirida mansedumbre sindical.