En su libro Kelsen versus Schmitt, los profesores Bárcenas y Tajadura Tejada, sostienen que la conocida sentencia de Carl Schmitt "todo Estado es un Estado de derecho" aunque suena positivista no lo es en realidad ya que lo que afirma es que el Estado presupone el derecho y no, como defendía Kelsen, que el Estado en sus actos deba ajustarse al derecho. De eso, precisamente, va la reciente sentencia del TJUE y así la debemos aceptar, como un ejercicio de defensa de nuestra democracia. Conviene recordarlo tras la conmoción que ha producido la resolución del tribunal europeo y los comentarios de exaltación o de reprobación que ha suscitado. No tiene sentido hablar de derrota del TS ya que fue este el que se dirigió al TJUE para que resolviera sobre la aplicación o no del privilegio de inmunidad al procesado Junqueras: es obvio que la respuesta podía ser favorable a la interpretación que hizo en su momento el TS o contraria, como finalmente ha sucedido. Por otra parte, la aplicación de la sentencia es algo de mayor complejidad jurídica de la que pretenden aquellos que quieren verla como una gran victoria del secesionismo sobre el Estado. Nada más lejos. Lo mismo se les podría decir a los que la ven como una ofensa a la dignidad nacional u otros dislates parecidos. Estos reveses son propios de una democracia en la que nadie, ni el Tribunal Supremo, está por encima de la ley. Esa es su grandeza y su fortaleza.

Si bien los jueces de Luxemburgo sólo tienen que preocuparse de hacer una recta interpretación del derecho, su resolución ha traído nuevas complicaciones políticas a nuestro país y ha venido a sumar confusión al caos. Los independentistas han reclamado insistentemente la renuncia a la vía judicial (que ellos abrieron atropellando la legalidad) y derivar el conflicto exclusivamente a la vía política. Ahora que la sentencia les favorece ven al tribunal europeo como su liberador. La euforia les hace desviarse de la "vía política" iniciada con el PSOE para la investidura. Hasta el punto de chantajear a Sánchez con levantarse de la mesa si el informe de la Abogacía del Estado, sobre los efectos de la sentencia, no se ajusta a la interpretación que el secesionismo hace de la misma. Planteamientos como ese, no sólo ponen al pie de los caballos al gobierno en funciones y al PSOE, sino que hacen aún más visible el insalvable antagonismo de intereses que existe entre uno y otro interlocutor.