NO hay como revisitar los discursos que Ortega y Gasset pronunciara en 1932 sobre el problema catalán para comprobar hasta qué punto el destino de la buena voluntad democrática ha sido estrellarse invariablemente contra los angulosos escollos de las aspiraciones nacionalistas y el de España, como nación, abrevar en los cangilones de la misma noria. Fue en esas intervenciones en Las Cortes en donde nuestro pensador más célebre propuso su conocida fórmula de que, siendo en puridad, insoluble el problema de Cataluña, lo único que cabía esperar era aprender a "conllevarlo" con magnanimidad e inteligencia por ambas partes. Ortega era perfectamente consciente de los distintos grados de intensidad sentimental que componen el catalanismo. Sabía que hay muchos catalanes cuyos sentimientos de identificación regional no entran en contradicción con su deseo de seguir siendo españoles, pero era consciente también de la existencia de un reducto suficientemente significativo que aspiraba, igual que hoy, a la secesión incondicional del Estado. Desde dicha perspectiva, el llamado problema catalán se resumiría en la siguiente aporía: si bien no es posible negar que a una parte de la población catalana le gustaría segregarse del resto del país, tampoco resulta posible soslayar la evidencia de que para la mayoría de los españoles Cataluña constituye una parte integral de la nación.

Ahora bien, ¿por qué se produce esta aporía? Ortega, al contrario que nuestros intelectuales de izquierda (algo que está empezando a convertirse en una contradicción en los términos), tenía muy claro el significado histórico-político que el término "nación" adquiere en la modernidad. No una "unidad de destino en lo universal" como pensaban los franquistas y sus sucesores periféricos, o como ha terminado asumiendo esa izquierda posmoderna que habla, un poco a tontas y a locas, de "nación de naciones" (expresión que, aunque parezca una redundancia, no es más que un oxímoron), sino, simplemente, el sustrato de la soberanía popular, como ha tenido a bien recordar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estatuto catalán.

La ingenuidad de Ortega, como han venido a demostrar estos treinta años de descentralización política del Estado, estribaba en su confianza de que un régimen de autonomías, es decir, de eventuales cesiones de parcelas de soberanía nacional, no sólo disolvería el resentimiento de otras regiones hacia Cataluña sino que aislaría, dentro de ésta, a los partidarios de la independencia, dejándolos sin motivos para la queja. No sé si a estas alturas queda aún alguien, salvando, por supuesto, a nuestros nihilistas de izquierda, que albergue alguna duda sobre el hecho de esa combinación de queja y chantaje constituye, precisamente, una de las más significativas señas de identidad de cualquier particularismo nacionalista.

Ahora bien, para que esa estrategia reporte réditos políticos es preciso que se dé un requisito indispensable: el miedo por parte de una mayoría de españoles a que los catalanes puedan dejar de serlo algún día. Pues bien, yo creo que ese temor ya no existe: entre los problemas de la ciudadanía la posible independencia de Cataluña ocuparía, más o menos, unos cuantos lugares por detrás de los avatares existenciales de la señora Belén Esteban. Por lo demás, en un mundo factualmente globalizado esa hipotética circunstancia constituiría un error de consecuencias bastante más graves para la propia Cataluña que para el resto de España: el mismo día en que el Parlamento catalán aprobaba la prohibición de las corridas de toros, la prensa daba una noticia, en mi opinión, mucho más importante: Telefónica se había convertido en el principal operador de telefonía en Brasil Es ahí, en Sudamérica, en los Estados Unidos, en Europa, en Asia donde España se juega su futuro. Por supuesto, sería preferible para todos que ese futuro fuera compartido por españoles y catalanes, como hasta ahora, pero sólo si por ambas partes se juega con esa buena voluntad democrática que Ortega convertía en condición de posibilidad de la convivencia.

Por eso, al contrario que el autor de España invertebrada, yo sí creo que existe una solución para el problema catalán: se llama referéndum de autodeterminación. No se me escapa que ese recurso conllevaría un número considerable de problemas jurídicos, políticos, etc, pero procuraría dos virtualidades que me parecen inestimables: por un lado, desactivaría, como ha ocurrido en Quebec, ese victimismo infundado que constituye la piedra angular de la estrategia ventajista del nacionalismo. Por otro, obligaría a la izquierda española a definir con nitidez sus posiciones al respecto (ya Ortega instaba al partido socialista a que abandonara sus ambigüedades sobre este asunto). Es verdad que alguien podría preguntarse sobre qué ocurriría en el caso improbable de esa consulta fuera ganada por los independentistas. Yo creo que no pasaría nada. Las naciones, según nos demuestra la historia, son conformaciones perfectamente azarosas e inestables, y su grandeza tiene más que ver con las metas a las que aspiran que con sus dimensiones territoriales.