EL Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Fiscal. Esta ley, que deberá ser aprobada en el Congreso de los Diputados, desarrolla el principio de equilibrio y control del déficit que se recogió el pasado verano en una reforma de la Constitución por la vía rápida, pactada por PSOE y PP en plena crisis de la deuda española y máxima inestabilidad de los mercados financieros. La constitucionalización del equilibrio presupuestario fue la respuesta excepcional a una situación de emergencia. Ahora, y por muchos años, va a marcar la política económica española. Lo más novedoso de la nueva norma es que extiende a las comunidades autónomas y los ayuntamientos el rigor de la austeridad que hasta ahora sólo incumbía a la Administración central. Las comunidades autónomas en particular, que han venido acumulando déficits en sus presupuestos anuales y acudido al endeudamiento como instrumento irrestricto de sus políticas expansivas, se verán obligadas a aprobar techos de gasto y, más en concreto, a alcanzar el déficit cero en 2020, lo que implica que sus sacrificios en materia de subida de impuestos y/o reducción de gastos habrán de empezar a aplicarse desde ya. Y la cosa va en serio: habrá un sistema escalonado de sanciones (depósito del 02,% del PIB de la comunidad implicada, conversión del depósito en multa y control del Estado) que en un plazo de sólo nueve meses puede desembocar en la intervención estatal y el control de las cuentas regionales por la Hacienda nacional. En definitiva, la pérdida de la autonomía financiera y una fórmula parecida al rescate de la Unión Europea a los tres estados miembros que se asomaron al abismo de la bancarrota. Gracias a este mecanismo, el Estado español cumple el mandato constitucional del equilibrio presupuestario, hace honor a sus compromisos con la UE y asume la responsabilidad de que en todos los ámbitos institucionales se practique la misma política y se persigan los mismos objetivos comunes de toda la nación.