Se ha aprobado, tras concluir todos sus trámites, la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Es un avance. Y si miramos hacia atrás, a cómo éramos hace sólo pocas décadas, un hito histórico. Se trata de proteger a la mujer en un ámbito en el que es especialmente vulnerable: la nueva norma acaba con la distinción entre abuso sexual y agresión, que diferenciaba las penas y obligaba a las víctimas a demostrar que habían puesto suficiente resistencia al ataque del agresor. Como todo cambio suscita polémica. Máxime cuando, como en este caso, se trata de uno de los estandartes de las guerras culturales que agitan las derechas. La menosprecian como una ley "progre" e ideológica y, como tantas otras cosas de este gobierno, la descalifican por quienes la aprueban, más que por su contenido o cómo pueda mejorar la vida de los ciudadanos. Uno de los argumentos más cínicos es la afirmación de que esta ley desprotege a los hombres, "una ablación de sus genitales" según la portavoz de Vox. Se le podrán hacer muchos reproches a esta norma -conocida como la del sí es sí, por considerar agresión todo acto sexual sin consentimiento- pero lo que no se le podrá negar es que responde a la exigencia moral de evitar la indefensión de la mujer ante los abusos sexuales. De esas injusticias que han formado parte de una realidad cotidiana invisible ante la indiferencia general. Especialmente experimentada por los que vivimos las décadas de plomo en los que la inferioridad y el sometimiento de la mujer formaba parte de los principios fundamentales del régimen. Cómo ignorar que una denuncia de agresión sexual acababa resultando una humillación para la denunciante, ante unos funcionarios policiales y judiciales que se sentían más próximos al agresor que a la víctima. Las razones para culpabilizar a la mujer y despojarla de todos sus derechos en situaciones de esa naturaleza están enraizadas en una cultura machista que los conservadores pretenden mantener como cultura dominante. Después del impacto del Metoo, el populismo, que siempre necesita un enemigo, pretende convertir en víctimas a quienes han gozado del dominio y el poder sobre las mujeres. Esta Ley hay que entenderla como un paso más para, desde el derecho positivo, conseguir que en todos los ámbitos sea una realidad fáctica el principio constitucional de igualdad entre hombre y mujeres. Algo para lo que aún queda bastante camino por recorrer.