HACE sólo dos años, cuando no teníamos ni idea de que venía un tsunami económico financiero, que iba a arrasar el mundo, el sector inmobiliario andaluz estaba revuelto: todo dios la tenía tomada con la consejera de Obras Públicas, Concha Gutiérrez, porque había osado poner normas en la finca sin vallar que era el urbanismo regional. Tengo guardada en mi archivo una perla: una intervención del secretario general del PSOE andaluz, Manuel Chaves, ante el comité director de su partido. Se dirigía el presidente a los promotores y a las organizaciones empresariales que habían puesto el grito en el cielo por la limitaciones en la construcción previstas en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.

El POTA prohibía crecimientos municipales superiores al 40% en suelo urbanizable o del 30% en población durante un período de ocho años. Chaves decía que se aplicaría el Plan con flexibilidad, que ningún proyecto de interés general se iba a quedar sin suelo (y que el interés general incluía el interés razonable de los constructores, dentro del margen de la ley). Ahora nos podríamos dar con un canto en los dientes con estos límites. En esa misma reunión, de diciembre de 2006, el jefe de los socialistas andaluces admitió que sus gobiernos habían cometido errores, pero subrayó que las nuevas leyes andaluzas pretendían algo muy sencillo: que el desarrollo residencial se hiciera al mismo tiempo que se garantizara el agua, los equipamientos y los servicios.

Leído con en la actualidad y con la que está cayendo, se le pueden poner pocos peros a esto. En los locos años 2000, en España se construían 700.000 viviendas al año, unas 200.000 en Andalucía. Menos mal que se paró la fiebre constructora desde la Administración; si no, en vez de un parque regional de más de medio millón de viviendas que buscan comprador, tendríamos un millón. Otra cosa que hay que agradecerle a la ex consejera, a sumar al valor que supuso la directriz de ordenar un territorio desordenado. Valor, en el doble sentido de audacia y mérito.

De ese medio millón de viviendas que buscan comprador algo menos de la mitad está en manos de promotores. El resto es de propietarios privados que se metieron en los pisos para dar el pelotazo y se han quedado pillados, sin dinero para pagar las hipotecas, con depreciación del inmueble y sin cliente alguno que lo quiera comprar. Total, que hemos pasado del maldito POTA y maldita Administración al bendito POTA. El Gobierno regional, como reconocía su presidente hace dos años, ha cometido gruesos errores en este campo. En particular los antecesores de la consejera Gutiérrez, que evitaron arriesgarse. El primero que se atreviese a querer racionalizar el urbanismo se iba a ganar muchos palos. Pero ahora resulta que le ha ahorrado muchos quebraderos de cabeza a sus críticos. Esto es lo que hay.