EN apenas cinco semanas el Gobierno de Mariano Rajoy ha emprendido un amplio abanico de reformas que cambiarán la vida diaria de los españoles. Cuestiones como el aborto, el copago y las reformas y contrarreformas en Justicia, el giro en la educación en España o la implantación de la tarjeta sanitaria evidencian el enorme trasfondo social del nuevo paquete ideológico de los populares. Puede que alguna de las medidas sea acertada, pero irrita ver que cada nuevo gobierno cambie de golpe y porrazo cuestiones que deberían estar al margen de los dos grandes partidos. No puede ser que cada cuatro años el sistema educativo sufra serias reformas o que se discrepe tanto en cuestiones como la del aborto. Aunque suene casi utópico, esos temas deberían estar por encima de la agenda del PP y del PSOE. En materia judicial, por ejemplo, pese a ser una legislación a la que se llegó bajo un enorme consenso, la alternancia en el poder de la derecha y la izquierda ha producido una constante modificación de su cuerpo que ha llevado a los diversos operadores jurídicos a solicitar un poco de estabilidad para un código frecuentemente revisado y zarandeado. Debería ser en este momento, cuando el horizonte se encuentra tan despejado -sobre todo tras las elecciones autonómicas andaluzas y asturianas-, cuando los dos grandes partidos deberían de ensayar un paquete común de medidas en torno a varias reformas clave para España. Pero eso sería pedir demasiado. Eso significaría tener sentido de Estado, dos palabras que los políticos tienen tan olvidadas que termina por molestar. Es mucho más fácil arrasar con todo y decir aquí estoy yo. Éstas son mis reglas del juego. Al menos durante los próximos cuatro años que dentro de otros cuatro, ocho o 12 años vendrá otro con su propio programa.