ES un asunto delicado del que no conviene hablar sin presentar pruebas o argumentos irrefutables, pero es un hecho cierto que en el escándalo de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos en el que está implicado el Gobierno andaluz la instrucción judicial del caso y la lógica estrategia de desgaste emprendida por el Partido Popular discurren de modo paralelo. Las diligencias ordenadas por la juez Mercedes Alaya son en general rigurosas y eficaces desde el punto de vista jurídico-procesal, aunque otros jueces que investigan casos de corrupción suelen, sin merma del rigor y el cumplimiento de los pasos precisos para una buena instrucción, apartarse de cualquier forma de injerencia en la vida política, y especialmente de interferir en los momentos decisivos de la democracia, como son las campañas electorales y las elecciones mismas. Es una práctica comúnmente aceptada. La juez Alaya, sin embargo, ha ordenado sendas comparecencias que pueden ser fundamentales para el caso en los días previos al inicio de la campaña electoral autonómica y en vísperas del 25-M. A estas decisiones, legítimas aunque evitables, se une la presión constante de la dirección del PP andaluz, que ha creído ver en el caso ERE el flanco más débil por el que atacar la credibilidad de los socialistas que gobiernan la Junta de Andalucía desde hace treinta años. No hay día en que un dirigente del PP no salga a la palestra exigiendo la dimisión de altos cargos del Gobierno andaluz que hayan sido imputados o sobre los que se hayan vertido sospechas o informes policiales acerca de su implicación en los escandalosos hechos que han originado esta causa. En otras ocasiones desde el PP se anuncian medidas o líneas de investigación que posteriormente son refrendadas desde las instancias judiciales. En resumidas cuentas, da toda la impresión de que la campaña electoral que se inicia el día 9 de marzo va a estar marcada especialmente por el caso de los ERE y va a dejar de lado otros problemas que atañen al presente y al futuro de Andalucía y cuyas propuestas de solución por parte de los candidatos en liza tendrían los andaluces derecho a conocer y comparar. Ciertamente, la grave situación económica, la insoportable tasa de desempleo y el deterioro de una gobernación tan prolongada serán los factores decisivos en la decantación de la voluntad ciudadana que se expresará en las urnas el 25-M. Pero es de lamentar que un caso de corrupción política acapare la atención y centre el debate en una comunidad autónoma que tiene muchas y más profundas cuestiones por resolver.