LA semana que ahora acaba ha hecho coincidir dos hechos relevantes sobre la unidad de España y su configuración territorial. Por un lado, el Consejo Federal del PSOE, reunido en Sevilla, ha ratificado su apuesta por la reforma de la Constitución española, cuyos límites fueron subrayados por la presidenta andaluza, Susana Díaz: la unidad de la nación y la igualdad de todos los ciudadanos que la habitan en sus diversas comunidades autónomas. Por otro, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha redoblado su desafío soberanista al articular un pacto con las organizaciones partidarias de la independencia para acudir juntos a las elecciones del 27 de septiembre y, en caso de ganarlas, proclamar la separación de Cataluña de España a corto plazo (entre seis y ocho meses tras los comicios). Estamos, pues, ante un problema político de primera magnitud, que afecta nada menos que a la unidad de España, uno de los fundamentos de la Constitución de 1978, puesto como condición intocable por los socialistas ante cualquier proyecto de reforma constitucional. También es la posición del Partido Popular, cuyo presidente, que también lo es del Gobierno, se apresuró a replicar al envite del nacionalismo insolidario: no habrá independencia de Cataluña, dijo Mariano Rajoy. Ello trasluce la voluntad de la inmensa mayoría de los representantes de la ciudadanía española de activar todos los mecanismos del Estado democrático para neutralizar este salto adelante de Mas, que se produce tras sus reiterados retrocesos electorales, el fracaso del referéndum-trampa sobre el derecho a decidir, el estallido de los escándalos del pujolismo y la división en el seno del partido que durante décadas ha gobernado en Cataluña. Hay que trabajar unidos políticamente para que la coalición secesionista sea derrotada en las urnas el 27-S y, en caso contrario, impedir una proclamación de independencia ilegal e ilícita.