Ha pasado lo que tenía que pasar. O más bien, lo que hace tiempo viene pasando: Fidere, el fondo buitre que compró las VPO a la Comunidad de Madrid, ha subido el alquiler a sus inquilinos un 100% más IBI y comunidad. Da igual a quién le corresponda pagar el impuesto, si no lo hacen ellos, la subida será aún mayor. Solamente una persona muy tonta, o tan cínica como Ana Botella, podía negar, después de vender las de su ayuntamiento, que pasaría lo que ha pasado. Para ella se trataba de conseguir fondos para seguir haciendo políticas sociales. Por ejemplo, construir viviendas en las que reubicar a las familias desahuciadas por los mismos fondos a los que se les había vendido las viviendas. Los vecinos se han negado a esta subida y no se trata de una pandilla de okupasperroflautas. Son nuestros vecinos, los mismo con los que podemos compartir empleo y que creían que habían encontrado una solución a su derecho constitucional a una vivienda digna sin tener que comprarse una que no podían pagar. A diferencia de lo que tanto nos han echado en cara los propios responsables de la crisis financiera e inmobiliaria, estos no viven por encima de sus posibilidades, pese a lo bajitas que son. Disfrutan de una vivienda pagada con nuestros impuestos. Impuestos que otros muchos que creemos en el estado del bienestar pagamos felizmente para que todos podamos disfrutar de un techo. Impuestos que todos pagamos en mayor o menor medida. Y en muy poca, estas SOCIMI que, desde el Gobierno de Rajoy en 2012, están exentas del pago del Impuesto de Sociedades y tienen una bonificación del 95 % en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. E impuestos que el nuevo gobierno de la Comunidad Madrileña promete ahora reducir. Lo que empieza a no parecer una mala idea. A nadie le gusta pagarlos para ver como se construyen viviendas sociales con ellos que luego se vendan a fondos de inversión, que las descalifican para poder subir el alquiler, revenderlas y obtener una gran rentabilidad.

Hace unas semanas, el TSJM sentenció que la venta de 2.935 VPO de la Comunidad de Madrid a un fondo buitre quebró la protección social. Es nula. Cabría esperar cierta rectificación por parte de la Comunidad, pero al recién nombrado consejero de Vivienda no se le cayó la casa encima cuando otro fondo se dispuso a echar a cien ancianos de sus viviendas en Alcorcón, donde él era alcalde.

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